Exigen al IEE transparentar contrat

os por 179.1 millones de pesos vinculados a investigación federal

Puebla, Puebla, 5 de noviembre de 2026.

José Luis García Parra solicitó que el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) haga públicos de manera integral los contratos celebrados con empresas proveedoras de materiales y servicios electorales entre 2014 y 2025, por un monto acumulado de 179.1 millones de pesos. Durante una conferencia de prensa, presentó información relacionada con una investigación federal sobre presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales estatales. Precisó que, entre 2014 y 2023, el organismo poblano registró contratos por 49.4 millones de pesos con las empresas Formas Finas y Materiales y Corporativo ZEG, mientras que durante 2024 y 2025 se identificaron contrataciones por 129.7 millones de pesos con Comercializadora JVLY. De acuerdo con el comparativo expuesto, Puebla ocupó el noveno lugar nacional durante el primer periodo y el primero entre los organismos estatales incluidos en la revisión correspondiente a 2024 y 2025. García Parra pidió examinar los procedimientos de adjudicación, la documentación contractual, los pagos efectuados y el cumplimiento de los servicios contratados.

La solicitud se relaciona con la investigación presentada por Raquel Buenrostro Sánchez sobre un conjunto de empresas presuntamente vinculadas mediante relaciones corporativas y operaciones comerciales con organismos electorales de distintas entidades federativas. Según la información difundida por las autoridades federales, las contrataciones examinadas comprenden aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos a lo largo de diferentes administraciones, con antecedentes identificados desde 1999. Entre 2015 y 2023 se registraron adjudicaciones superiores a 2 mil 94 millones de pesos, mientras que durante 2024 y 2025 se reportaron operaciones por aproximadamente 646 millones. La investigación incluye a empresas relacionadas con los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas, señalados públicamente por sus vínculos con proveedores de materiales electorales. En el caso de Puebla, las contrataciones correspondientes a 2024 y 2025 se realizaron durante la administración de Blanca Yassahara Cruz García en el IEE. Las autoridades federales también informaron sobre la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera en acciones relacionadas con determinadas cuentas bancarias. Los señalamientos forman parte de procedimientos de investigación y no constituyen, por sí mismos, una determinación definitiva de responsabilidades.

José Luis García Parra manifestó que el Gobierno de Puebla respaldará las investigaciones y la revisión de los contratos por parte de las autoridades fiscalizadoras, con respeto a la autonomía de los organismos electorales. Solicitó que la documentación sea difundida de manera completa y que se identifiquen las empresas contratadas, los procedimientos utilizados y las personas que intervinieron en las adjudicaciones. También señaló la necesidad de esclarecer el destino de los recursos y determinar si los bienes y servicios fueron entregados conforme a las condiciones pactadas. La revisión se desarrolla en el contexto de las medidas anunciadas por el Gobierno de México para fortalecer los mecanismos de contratación, supervisión y producción de materiales electorales antes de las elecciones del 6 de junio de 2027. Entre las acciones mencionadas se encuentran la incorporación de nuevos proveedores nacionales, la participación de instituciones académicas en mecanismos de supervisión y el fortalecimiento de los controles sobre la fabricación y distribución de documentación electoral. Los resultados de las auditorías y demás procedimientos determinarán si existieron incumplimientos contractuales, faltas administrativas o conductas que deban investigarse por otras vías legales.