Preparan denuncia por presuntas irregularidades en terreno del Congreso

15 de octubre de 2026

El Gobierno de Puebla informó que prepara acciones legales para que se investiguen operaciones relacionadas con el denominado “Cártel del Despojo”, entre ellas la compraventa del terreno ubicado en la zona de Los Fuertes donde actualmente se encuentra el Congreso del Estado. La operación señalada corresponde a un predio de aproximadamente 12 mil 855 metros cuadrados que fue adquirido en 2022, mediante el Fideicomiso Banco Estatal de Tierra, por 86 millones 552 mil pesos. Investigaciones periodísticas han señalado que el inmueble había sido objeto previamente de una donación de la Federación al Gobierno de Puebla y que existían registros oficiales relacionados con esa transmisión. La revisión anunciada busca establecer las condiciones jurídicas mediante las cuales el terreno pasó por operaciones entre particulares y posteriormente fue adquirido nuevamente por el Gobierno estatal.

Entre las personas mencionadas en investigaciones periodísticas relacionadas con la cadena de operaciones se encuentran Jorge Estefan Chidiac, Domingo Antonio Fernández Brito, Guadalupe Selene Aguilar Cáceres y Olga Astrid López Gargallo. Los documentos difundidos señalan que en 2007 el inmueble fue adquirido por particulares y posteriormente pasó a Inmobiliaria 2015. También se han identificado relaciones empresariales posteriores entre algunos de los participantes de esas operaciones. Estos antecedentes serán materia de las investigaciones que correspondan y no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad penal, administrativa o civil. La autoridad estatal ha señalado que la Consejería Jurídica integra expedientes y que cualquier denuncia deberá ser presentada con elementos documentales para que sea la Fiscalía General del Estado la que determine si existen hechos constitutivos de delito.

El anuncio forma parte de una revisión más amplia sobre presuntas redes de despojo inmobiliario en Puebla. Desde 2025, autoridades estatales han informado sobre investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en notarías, Catastro, el Registro Público de la Propiedad y órganos judiciales. También se han impulsado reformas legales para incrementar las sanciones cuando en operaciones de despojo intervengan documentos falsos, actos simulados o servidores públicos. En el caso específico del terreno del Congreso, la investigación deberá precisar la situación jurídica que tenía el inmueble antes de la compra de 2022, la validez de los documentos empleados para acreditar la propiedad, la participación de particulares y servidores públicos y las razones por las cuales se realizó un pago con recursos públicos por un predio sobre el que existían antecedentes de una donación federal. Hasta que las autoridades concluyan las investigaciones y, en su caso, los procedimientos judiciales, las personas mencionadas mantienen la presunción de inocencia.