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Plantean revisar operaciones inmobiliarias en Puebla

 

Plantean revisar operaciones inmobiliarias en Puebla

6 de septiembre de 2026

Un artículo de opinión plantea revisar la ruta financiera de diversas operaciones inmobiliarias, fideicomisos, concesiones y proyectos ejecutados en Puebla. El texto concentra sus señalamientos en la compraventa del terreno donde fue construida la sede del Congreso del Estado y menciona la participación de Inmobiliaria 2015, S.A. de C.V., particulares y autoridades de distintas administraciones. También cuestiona las operaciones realizadas entre 1996 y 2022, cuando el predio fue adquirido durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

El artículo refiere que la administración municipal encabezada por Eduardo Rivera Pérez intervino en la expedición de permisos para la construcción del inmueble. También contrasta un avalúo municipal de 18.3 millones de pesos con el precio de 86.5 millones pagado por el gobierno estatal, y señala que el costo anunciado para la obra pasó de 500 a 855 millones de pesos. Estas referencias son presentadas por el autor como elementos que deben investigarse; el texto no incorpora resoluciones judiciales que acrediten responsabilidad penal o administrativa de las personas mencionadas.

La publicación incluye además cuestionamientos sobre la deuda pública estatal, proyectos contratados mediante asociaciones público-privadas y proyectos de prestación de servicios, la concesión del suministro de agua y la valuación de juegos instalados en el Parque Metropolitano. En este último caso, compara un precio inicial de un millón 123 mil pesos con un registro patrimonial de 10 millones 75 mil 928 pesos. También menciona a Rafael Moreno Valle Suárez, Rafael Moreno Valle Rosas, Juan Elek, Elba Esther Gordillo, Felipe Calderón Hinojosa y Pedro Aspe dentro de distintos señalamientos financieros. El planteamiento central consiste en revisar contratos, avalúos, permisos, transmisiones de propiedad y movimientos de recursos. La determinación de irregularidades o responsabilidades requiere expedientes oficiales, auditorías y resoluciones emitidas por las autoridades competentes.