Prisión preventiva para abogado acusado de violencia familiar
28 de septiembre de 2026
Arturo Mendoza González permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal iniciado en su contra por una denuncia relacionada con presunta violencia familiar. Durante la audiencia correspondiente, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar y ordenó su permanencia en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, en Puebla. La situación jurídica del abogado deberá definirse en una audiencia posterior, prevista para el 2 de octubre. Mendoza González fue detenido el 26 de septiembre mediante una orden de aprehensión derivada de la denuncia presentada por su expareja, quien lo señaló por una presunta agresión ocurrida durante agosto de 2026.
De acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento, la acusación refiere presuntos actos de violencia física y verbal ocurridos en un domicilio particular. La denunciante hizo públicos los señalamientos días antes de la detención y sostuvo que había presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. Mendoza González, por su parte, difundió previamente una versión distinta de los acontecimientos y señaló la existencia de registros de videovigilancia relacionados con el episodio. Estas versiones forman parte de un conflicto que deberá ser analizado por las autoridades ministeriales y judiciales a partir de los elementos integrados en la carpeta de investigación.
Arturo Mendoza González ha participado públicamente en acciones legales promovidas por el Colectivo Hermanos Serdán relacionadas con el proyecto del Cablebús en Puebla. Tras su detención, familiares, integrantes de organizaciones civiles y personas vinculadas con ese colectivo solicitaron respeto al debido proceso y cuestionaron aspectos del procedimiento seguido para ejecutar la orden de aprehensión. La determinación de prisión preventiva constituye una medida cautelar y no representa una sentencia sobre los hechos denunciados. El proceso continuará con las audiencias previstas y corresponderá al juez valorar los datos de prueba presentados por las partes para resolver la situación jurídica del imputado.
