Detienen a Carlos Eduardo Solares Vega por presunta extorsión
12 de agosto de 2026
Carlos Eduardo Solares Vega fue detenido en la Ciudad de México por su presunta participación en una red de extorsión que habría operado contra propietarios de verificentros y estaciones de servicio en el Estado de México. En otra acción fue detenido Raúl Piña Horta en Acapulco, Guerrero. Las capturas fueron realizadas mediante operativos coordinados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con intervención de corporaciones federales y autoridades de las entidades donde se efectuaron. Las investigaciones se originaron a partir de denuncias presentadas por personas que señalaron cobros para conservar autorizaciones, evitar cierres o continuar operando sus establecimientos.
La investigación establece que el esquema habría contado con la participación de personas vinculadas con la administración pública, antiguos integrantes de dependencias y particulares. Los denunciantes refirieron exigencias de pagos en efectivo, amenazas y procedimientos administrativos utilizados para retirar concesiones o infraestructura. La Fiscalía mexiquense calcula que las operaciones investigadas habrían generado varias decenas de millones de pesos mensuales. Las autoridades también buscan identificar a otras personas afectadas y obtener información sobre quienes pudieron intervenir en la recepción del dinero, la tramitación de autorizaciones y la ejecución de medidas contra los establecimientos.
Antes de su incorporación a la administración del Estado de México, Carlos Eduardo Solares Vega trabajó en dependencias ambientales de la Ciudad de México, del gobierno federal y de Puebla. En territorio poblano participó desde 2021 en asuntos jurídicos y administrativos relacionados con decisiones ambientales, control de emisiones, calidad del aire y cambio climático. Posteriormente se trasladó al Estado de México, donde intervino en programas vinculados con la verificación vehicular y la regulación de emisiones. La detención forma parte de una investigación en curso y no representa una sentencia. La responsabilidad penal deberá ser determinada mediante el proceso judicial, con la presentación y valoración de las pruebas aportadas por las autoridades, las personas denunciantes y la defensa.
