Puebla, 21 de julio de 2026.
Alejandro Armenta Mier envió al Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública. La propuesta busca derogar las fracciones XXXI y XXXII del artículo 32 de la ley vigente. Estas fracciones otorgan a la Secretaría de Gobernación atribuciones sobre la administración del Archivo General del Estado y la prestación de servicios de defensoría pública o asesoría jurídica gratuita en asuntos del fuero común.
La iniciativa plantea eliminar estas facultades para ajustar la normatividad a los cambios legales aprobados en años recientes. En el caso del Archivo General del Estado, desde la entrada en vigor de la Ley de Archivos del Estado de Puebla, publicada el 28 de febrero de 2024, este organismo cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica. Esta ley le asigna las funciones de organizar, conservar, administrar y preservar los archivos institucionales del estado.
La Ley Orgánica de la Administración Pública todavía mantiene atribuciones para la Secretaría de Gobernación en materia archivística. Estas incluyen asesorar a las dependencias y coordinar lineamientos para la conservación y resguardo de documentos oficiales. La reforma busca eliminar estas referencias para evitar inconsistencias normativas y duplicidades de funciones entre instituciones.
Respecto a la defensoría pública, la iniciativa indica que la responsabilidad corresponde al Instituto Especializado de la Defensoría Pública del Estado de Puebla. Este organismo, adscrito al Poder Judicial, se creó mediante la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado, publicada el 23 de marzo de 2023, como parte de la reforma judicial en la entidad. La prestación de servicios de asesoría jurídica gratuita a personas de escasos recursos, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad en asuntos del fuero común se encuentra asignada a este instituto.
La exposición de motivos de la iniciativa señala que mantener estas atribuciones en la Ley Orgánica genera incongruencias con el diseño constitucional vigente. La distribución de competencias entre los poderes y organismos públicos busca mayor claridad. La reforma permitiría fortalecer la asignación de funciones y brindar certeza jurídica sobre las responsabilidades de cada dependencia.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado para su análisis y eventual dictaminación. En caso de ser aprobada por el Pleno, el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Alejandro Armenta Mier presentó esta propuesta junto con otras iniciativas relacionadas con reformas administrativas. Los ajustes normativos responden a la evolución del marco legal estatal en materia de archivos y defensoría pública. La Ley de Archivos del Estado de Puebla estableció un organismo especializado con autonomía técnica, lo que modifica el esquema anterior donde la Secretaría de Gobernación concentraba estas tareas.
De igual forma, la creación del Instituto Especializado de la Defensoría Pública del Estado de Puebla transfirió las funciones de asesoría y representación jurídica gratuita al ámbito del Poder Judicial. Esta separación busca especializar los servicios y evitar superposiciones administrativas entre dependencias del Poder Ejecutivo.
La reforma propuesta abarca únicamente las fracciones específicas del artículo 32 de la Ley Orgánica. No modifica otras atribuciones de la Secretaría de Gobernación. El objetivo central es armonizar la legislación para reflejar las competencias actuales de los organismos autónomos y especializados creados en los últimos años.
Los cambios legales previos, como la publicación de la Ley de Archivos en febrero de 2024 y la Ley Orgánica de la Defensoría Pública en marzo de 2023, establecieron las bases para esta actualización. La iniciativa enviada al Congreso del Estado busca eliminar las referencias obsoletas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y alinear el texto con la realidad institucional del estado.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales revisará el documento para emitir el dictamen correspondiente. El proceso legislativo determinará si la derogación de las fracciones XXXI y XXXII se aprueba y entra en vigor. Esta acción forma parte de los esfuerzos por actualizar el marco normativo de la administración pública estatal para reflejar las reformas institucionales implementadas.
La información disponible indica que la propuesta se centra en la eficiencia administrativa y la claridad en la distribución de competencias. La eliminación de funciones duplicadas entre la Secretaría de Gobernación y los organismos especializados permitiría una mejor organización de las tareas públicas en el estado de Puebla.
