Irregularidades en la Cuenta Pública 2024 del Municipio de Coronango
La Auditoría Superior del Estado de Puebla realizó la revisión de la cuenta pública 2024 del municipio de Coronango y detectó un presunto daño patrimonial por 70 millones 497 mil pesos durante la administración de Gerardo Sánchez Aguilar. Este monto representa la falta de comprobación del 55.6 por ciento del presupuesto total auditado, que ascendió a 106 millones 780 mil 452 pesos en recursos públicos. La revisión generó 67 observaciones, de las cuales algunas fueron aclaradas, mientras que las restantes dieron lugar a 53 pliegos de observación y una promoción de responsabilidad administrativa sancionadora.
Entre las irregularidades destacan montos sin comprobación en combustibles, lubricantes y aditivos por 6 millones 760 mil pesos, derivados de la falta de documentación y deficiencias en procesos de adjudicación. Se identificaron inconsistencias en gastos de orden social por 6 millones de pesos, en actividades sociales y culturales por 4 millones de pesos, subsidios por 7 millones de pesos y ayudas sociales por 6 millones de pesos, sin acreditar criterios de adjudicación ni destino de los recursos.
Adicionalmente, se observaron más de 3 millones 329 mil pesos en servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión sin documentación justificativa ni evidencia de recepción. En servicios profesionales, científicos, técnicos e integrales se registraron observaciones por 4 millones 782 mil pesos. Otros rubros incluyen mantenimiento por 3 millones de pesos y materiales, útiles y equipos menores de oficina por 3 millones de pesos, también sin comprobación suficiente. En bienes inmuebles no se presentaron facturas ni inventarios para respaldar contrataciones y pagos de seguros.
Se detectó falta de documentación en diversas obras y acciones, sin claridad sobre el destino de los recursos ni sobre las empresas que ejecutaron los trabajos. Estas observaciones derivaron en la promoción de responsabilidad administrativa sancionadora contra servidores públicos por omisión en la integración de documentación comprobatoria.
Entre las irregularidades destacan montos sin comprobación en combustibles, lubricantes y aditivos por 6 millones 760 mil pesos, derivados de la falta de documentación y deficiencias en procesos de adjudicación. Se identificaron inconsistencias en gastos de orden social por 6 millones de pesos, en actividades sociales y culturales por 4 millones de pesos, subsidios por 7 millones de pesos y ayudas sociales por 6 millones de pesos, sin acreditar criterios de adjudicación ni destino de los recursos.
Adicionalmente, se observaron más de 3 millones 329 mil pesos en servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión sin documentación justificativa ni evidencia de recepción. En servicios profesionales, científicos, técnicos e integrales se registraron observaciones por 4 millones 782 mil pesos. Otros rubros incluyen mantenimiento por 3 millones de pesos y materiales, útiles y equipos menores de oficina por 3 millones de pesos, también sin comprobación suficiente. En bienes inmuebles no se presentaron facturas ni inventarios para respaldar contrataciones y pagos de seguros.
Se detectó falta de documentación en diversas obras y acciones, sin claridad sobre el destino de los recursos ni sobre las empresas que ejecutaron los trabajos. Estas observaciones derivaron en la promoción de responsabilidad administrativa sancionadora contra servidores públicos por omisión en la integración de documentación comprobatoria.
