Florencia Melany Franco Fernández enfrenta cuestionamientos por nepotismo y conflicto de interés.
Florencia Melany Franco Fernández se desempeñaba como directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adscrita al área del subsecretario Édgar Amador Zamora, dentro de la Oficina del Secretario de Hacienda. Ingresó al cargo el 1 de abril de 2022 y laboró más de cuatro años en la dependencia, donde previamente fungió como asesora del entonces secretario Rogelio Ramírez de la O.
Es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con una maestría por la Universidad de París-Panthéon-Assas. Su correo institucional era florencia_franco@hacienda.gob.mx (mailto:_franco@hacienda.gob.mx) y su teléfono de oficina el 55 3688 1158 extensión 81158. El domicilio oficial de su empleo se ubicaba en la calle Moneda 4037, colonia Centro, Ciudad de México, código postal 06000. En la nómina transparente de la Administración Pública Federal figura con un salario bruto mensual de 150 mil 822 pesos y un sueldo neto estimado de 104 mil 821 pesos. Su trayectoria incluyó experiencia previa como asociado senior en Cervantes Sainz Abogados desde 2011 hasta 2018 y como asesora jurídica en BCZM, SC desde mayo de 2023 hasta diciembre de 2024.
Florencia Melany Franco Fernández es esposa de Gabriel Yorio, quien se desempeñó como subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de Finanzas y Administración en el Banco Interamericano de Desarrollo. Este vínculo familiar ha sido señalado en el contexto de posibles casos de nepotismo dentro de la dependencia. Su declaración patrimonial de modificación, recibida el 6 de mayo de 2025, reportó un ingreso anual neto total de 4 millones 229 mil 804 pesos. Este monto se desglosa en: remuneración neta por cargo público de un millón 531 mil 984 pesos, otros ingresos por 2 millones 697 mil 820 pesos, de los cuales 2 millones 401 mil 59 pesos correspondieron a servicios profesionales, consejos, consultorías y asesorías; 206 mil 761 pesos por rendimientos en bonos gubernamentales del Nacional Financiera; y 90 mil pesos por enajenación de bienes derivada de la venta de un vehículo. No reportó ingresos por actividad industrial, comercial o empresarial.
El 31 de marzo de 2026 circularon ampliamente en redes sociales imágenes y videos que mostraban a una mujer sentada en una ventana o balcón de Palacio Nacional, aparentemente tomando el sol durante una manifestación de docentes frente al recinto. Las imágenes captaban a la persona asoleando sus piernas desde un espacio visible del edificio histórico. Inicialmente se difundieron versiones que atribuían el material al uso de inteligencia artificial, aunque posteriormente se confirmaron como auténticas. Fuentes consultadas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificaron a Florencia Melany Franco Fernández como la funcionaria presente en los videos y fotografías. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la persona involucrada recibió una sanción, sin revelar inicialmente su identidad.
Tras la viralización del material, Florencia Melany Franco Fernández presentó su renuncia al cargo, la cual se hizo efectiva a partir del 1 de abril de 2026. La salida ocurrió en un momento cercano a la entrega de los PreCriterios Generales de Política Económica 2027 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión. La dependencia no emitió un comunicado detallado sobre las causas específicas de la renuncia más allá de confirmar la separación del puesto. Hasta ese momento, no se anunciaron acciones disciplinarias adicionales ni investigaciones formales relacionadas con el incidente en Palacio Nacional.
Florencia Melany Franco Fernández mantenía una actividad paralela como asesora jurídica independiente para Banquetes Ambrosía S.A.P.I. de C.V., también conocido como Grupo Ambrosía, empresa constituida en febrero de 1991. Por estas asesorías recibía un pago mensual de 100 mil pesos, monto que se reflejó en los 2 millones 401 mil 59 pesos reportados por servicios profesionales en su declaración patrimonial de 2025. La empresa ofrece servicios de banquetes y eventos con experiencia en los sectores empresarial y gubernamental.
Grupo Ambrosía y la empresa relacionada Centro Culinario Ambrosía S.A. de C.V. han obtenido múltiples contratos con dependencias y alcaldías a través de adjudicaciones directas. Entre los contratos documentados destacan: con la Alcaldía Tlalpan por 285 mil 195 pesos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024, otro con la misma alcaldía por 497 mil 999 pesos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, uno con la Federación por 109 mil 388 pesos del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, y con la Alcaldía de Xochimilco por un millón 335 mil pesos en 2024. En total, el grupo empresarial ha recibido contratos gubernamentales por más de 4 millones 491 mil pesos en los registros disponibles de los últimos años, incluyendo adjudicaciones con el Banco Nacional de Comercio Exterior, la Lotería Nacional y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ambas alcaldías mencionadas, Tlalpan y Xochimilco, están gobernadas por el partido Morena.
La combinación de su cargo en la Dirección General de Coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público —dependencia responsable de la administración de recursos públicos federales y coordinación de políticas fiscales— con las asesorías a una empresa proveedora del gobierno generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece disposiciones aplicables en estos casos, particularmente en sus artículos 37 y 52, respecto a la compatibilidad de actividades privadas con cargos públicos. La permanencia simultánea de estas funciones derivó en un debate público sobre el uso de instalaciones gubernamentales, la transparencia en el ejercicio de cargos y el manejo de espacios institucionales como Palacio Nacional. Las autoridades no emitieron una postura oficial inmediata sobre la identidad ni desmintieron la información difundida. Florencia Melany Franco Fernández no ha realizado declaraciones públicas tras su renuncia. El caso se enmarca en discusiones más amplias sobre las declaraciones patrimoniales públicas, los mecanismos de control interno y la revisión de incompatibilidades en el servicio público.
Es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con una maestría por la Universidad de París-Panthéon-Assas. Su correo institucional era florencia_franco@hacienda.gob.mx (mailto:_franco@hacienda.gob.mx) y su teléfono de oficina el 55 3688 1158 extensión 81158. El domicilio oficial de su empleo se ubicaba en la calle Moneda 4037, colonia Centro, Ciudad de México, código postal 06000. En la nómina transparente de la Administración Pública Federal figura con un salario bruto mensual de 150 mil 822 pesos y un sueldo neto estimado de 104 mil 821 pesos. Su trayectoria incluyó experiencia previa como asociado senior en Cervantes Sainz Abogados desde 2011 hasta 2018 y como asesora jurídica en BCZM, SC desde mayo de 2023 hasta diciembre de 2024.
Florencia Melany Franco Fernández es esposa de Gabriel Yorio, quien se desempeñó como subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de Finanzas y Administración en el Banco Interamericano de Desarrollo. Este vínculo familiar ha sido señalado en el contexto de posibles casos de nepotismo dentro de la dependencia. Su declaración patrimonial de modificación, recibida el 6 de mayo de 2025, reportó un ingreso anual neto total de 4 millones 229 mil 804 pesos. Este monto se desglosa en: remuneración neta por cargo público de un millón 531 mil 984 pesos, otros ingresos por 2 millones 697 mil 820 pesos, de los cuales 2 millones 401 mil 59 pesos correspondieron a servicios profesionales, consejos, consultorías y asesorías; 206 mil 761 pesos por rendimientos en bonos gubernamentales del Nacional Financiera; y 90 mil pesos por enajenación de bienes derivada de la venta de un vehículo. No reportó ingresos por actividad industrial, comercial o empresarial.
El 31 de marzo de 2026 circularon ampliamente en redes sociales imágenes y videos que mostraban a una mujer sentada en una ventana o balcón de Palacio Nacional, aparentemente tomando el sol durante una manifestación de docentes frente al recinto. Las imágenes captaban a la persona asoleando sus piernas desde un espacio visible del edificio histórico. Inicialmente se difundieron versiones que atribuían el material al uso de inteligencia artificial, aunque posteriormente se confirmaron como auténticas. Fuentes consultadas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificaron a Florencia Melany Franco Fernández como la funcionaria presente en los videos y fotografías. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la persona involucrada recibió una sanción, sin revelar inicialmente su identidad.
Tras la viralización del material, Florencia Melany Franco Fernández presentó su renuncia al cargo, la cual se hizo efectiva a partir del 1 de abril de 2026. La salida ocurrió en un momento cercano a la entrega de los PreCriterios Generales de Política Económica 2027 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión. La dependencia no emitió un comunicado detallado sobre las causas específicas de la renuncia más allá de confirmar la separación del puesto. Hasta ese momento, no se anunciaron acciones disciplinarias adicionales ni investigaciones formales relacionadas con el incidente en Palacio Nacional.
Florencia Melany Franco Fernández mantenía una actividad paralela como asesora jurídica independiente para Banquetes Ambrosía S.A.P.I. de C.V., también conocido como Grupo Ambrosía, empresa constituida en febrero de 1991. Por estas asesorías recibía un pago mensual de 100 mil pesos, monto que se reflejó en los 2 millones 401 mil 59 pesos reportados por servicios profesionales en su declaración patrimonial de 2025. La empresa ofrece servicios de banquetes y eventos con experiencia en los sectores empresarial y gubernamental.
Grupo Ambrosía y la empresa relacionada Centro Culinario Ambrosía S.A. de C.V. han obtenido múltiples contratos con dependencias y alcaldías a través de adjudicaciones directas. Entre los contratos documentados destacan: con la Alcaldía Tlalpan por 285 mil 195 pesos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024, otro con la misma alcaldía por 497 mil 999 pesos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, uno con la Federación por 109 mil 388 pesos del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, y con la Alcaldía de Xochimilco por un millón 335 mil pesos en 2024. En total, el grupo empresarial ha recibido contratos gubernamentales por más de 4 millones 491 mil pesos en los registros disponibles de los últimos años, incluyendo adjudicaciones con el Banco Nacional de Comercio Exterior, la Lotería Nacional y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ambas alcaldías mencionadas, Tlalpan y Xochimilco, están gobernadas por el partido Morena.
La combinación de su cargo en la Dirección General de Coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público —dependencia responsable de la administración de recursos públicos federales y coordinación de políticas fiscales— con las asesorías a una empresa proveedora del gobierno generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece disposiciones aplicables en estos casos, particularmente en sus artículos 37 y 52, respecto a la compatibilidad de actividades privadas con cargos públicos. La permanencia simultánea de estas funciones derivó en un debate público sobre el uso de instalaciones gubernamentales, la transparencia en el ejercicio de cargos y el manejo de espacios institucionales como Palacio Nacional. Las autoridades no emitieron una postura oficial inmediata sobre la identidad ni desmintieron la información difundida. Florencia Melany Franco Fernández no ha realizado declaraciones públicas tras su renuncia. El caso se enmarca en discusiones más amplias sobre las declaraciones patrimoniales públicas, los mecanismos de control interno y la revisión de incompatibilidades en el servicio público.
