La Auditoría Superior del Estado de Puebla mantiene procedimiento administrativo por adquisición de camioneta blindada

La Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE) mantiene abierto un procedimiento de responsabilidad administrativa derivado de la compra de una camioneta blindada con un valor de 2.8 millones de pesos, adquisición realizada durante la gestión de Amanda Gómez Nava como titular de la dependencia.Norma Pimentel informó que el procedimiento se encuentra actualmente en la etapa de desahogo, fase en la que se reciben las manifestaciones de las partes involucradas y se analizan las pruebas presentadas ante las instancias correspondientes.En esta etapa se busca identificar a las personas vinculadas con la adquisición del vehículo y determinar los niveles de responsabilidad administrativa que pudieran configurarse, en caso de que proceda.Una vez concluida la fase de desahogo, se llevará a cabo la calificación de la conducta para establecer si se configura una falta grave o no grave, lo que definirá el tipo de sanción aplicable conforme a la normativa vigente.Entre las posibles sanciones se encuentran multas o inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, siempre que las áreas competentes determinen su procedencia con base en la ley.La ASE no descarta que, de acreditarse irregularidades en el procedimiento administrativo, se analicen elementos que pudieran dar paso a una revisión en la vía penal, aunque se indicó que primero debe agotarse el procedimiento interno.El caso permanece en análisis y solo al concluir las diligencias se informará si existen responsabilidades formales por la adquisición del vehículo blindado.La camioneta en cuestión fue adquirida en mayo de 2023 mediante adjudicación directa a la empresa SUMACORTEC, S.A. de C.V., y ha sido objeto de atención en reportes previos sobre su posible destino en comodato a otras instancias, como la Fiscalía General del Estado, para evitar su desuso.El procedimiento forma parte de revisiones más amplias realizadas por la ASE respecto a operaciones realizadas durante el periodo en que Amanda Gómez Nava fungió como auditora superior.