Depuran Poder Judicial

Ceses en el Poder Judicial de Puebla por actos de corrupción y tráfico de influenciasPedro Antonio Martínez Hernández, presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, ordenó el cese del juez Aarón Hernández Chino y anunció la destitución de tres magistrados. El cese de Aarón Hernández Chino, quien se desempeñaba como juez de oralidad penal en la Casa de Justicia de la Región Judicial Centro, se concretó el 3 de febrero de 2026, tras anuncios de movimientos y relevos desde el fin de semana anterior. Las acciones forman parte de una serie de investigaciones internas que detectaron irregularidades en el desempeño de diversos funcionarios judiciales.Las destituciones de los tres magistrados involucran a dos del Tribunal Superior de Justicia y uno del Tribunal de Justicia Administrativa. Estas medidas se basan en pruebas recabadas durante investigaciones internas que identificaron actos de corrupción y tráfico de influencias. El Consejo de la Judicatura ejecutará las destituciones en las próximas horas y iniciará procedimientos legales correspondientes contra los implicados.Aarón Hernández Chino enfrentó señalamientos por resoluciones en casos de alto perfil. Participó en la audiencia de formulación de imputación contra José María "Chema", relacionado con el caso de Paulina Camargo, y en procesos contra José Christian N., conocido como "El Grillo", vinculado a delitos de narcomenudeo y homicidio. Actuó también en el caso del feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, donde el responsable identificado fue Ricardo Alexis, conductor de una plataforma de transporte. Además, dejó en libertad a un diácono acusado de violación a un menor identificado como Abner en el municipio de Aquixtla. Estas decisiones generaron cuestionamientos por su impacto en la percepción de seguridad para las víctimas.La depuración en el Poder Judicial incluye más de 120 cambios de adscripción entre jueces, secretarios, encargados y diligenciarios en diversos juzgados. Estos movimientos buscan terminar con redes de influencias y prácticas que afectan el desempeño institucional. El proceso inició con un ultimátum para investigaciones internas contra jueces y se extiende ahora a niveles de magistrados, marcando un cambio respecto a prácticas anteriores donde los señalados por irregularidades optaban por renuncias o jubilaciones negociadas sin procedimientos formales.Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las irregularidades detectadas y las responsabilidades asociadas. El Consejo de la Judicatura mantiene el proceso de revisión en curso como parte de la reestructuración administrativa en la institución. (aproximadamente 520 palabras)