No podrán cortar el suministro de agua por adeudo

Promulgación y Entrada en Vigor de la LeyLa Nueva Ley General de Aguas (LGA), promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de diciembre de 2025, entró en vigor al día siguiente, marcando un hito en la regulación hídrica de México al reglamentar el artículo 4°, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el acceso al agua como un derecho humano esencial. Esta legislación, impulsada desde octubre de 2025 tras foros de consulta con comunidades indígenas, afromexicanas, academia y sectores sociales, busca revertir décadas de acaparamiento y privatización del recurso, priorizando su uso equitativo y sustentable en un contexto de estrés hídrico que afecta al 40% de la población mexicana, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Entre sus innovaciones clave, la ley prohíbe explícitamente a los organismos operadores —públicos o concesionarios— suspender totalmente el suministro de agua potable o el servicio de saneamiento por falta de pago, obligándolos a garantizar un volumen mínimo vital de al menos 50 litros por persona al día para consumo humano y doméstico, alineándose con estándares internacionales de la ONU que definen el agua como suficiente, salubre, aceptable y asequible sin comprometer la dignidad o la salud. Esta disposición, detallada en el artículo 27, responde a denuncias acumuladas de cortes arbitrarios que han afectado a más de 2 millones de hogares vulnerables en 2024, particularmente en zonas urbanas como el Valle de México y rurales en el norte, donde el 70% de los deudores son familias de bajos ingresos con adeudos promedio de 1,500 pesos. La ley establece un plazo de 180 días para que las entidades federativas armonizen sus legislaciones locales, incluyendo actualizaciones a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) para regular técnicas de medición y calidad, y obliga a la Conagua a elaborar una Estrategia Nacional de Aguas a largo plazo —con horizontes de 10, 20, 40 y 50 años— que integre pronósticos climáticos y modelos de demanda, con un presupuesto inicial de 5,000 millones de pesos para 2026.***Principios Rectores y Prioridades de UsoLa LGA se sustenta en diez principios rectores que guían su aplicación, destacando el "pro persona" —que prioriza interpretaciones favorables a la máxima protección del derecho humano en casos de ambigüedad— y la "progresividad y no regresividad", que impide retrocesos en el acceso al agua y exige avances constantes en cobertura y calidad, en concordancia con tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En un país donde el 80% del agua superficial se destina al sector agrícola —a menudo ineficiente, con un desperdicio del 40% por obsolescencia tecnológica—, la ley establece una jerarquía clara de usos: en situaciones de escasez, el consumo humano y doméstico tiene prioridad absoluta sobre el industrial o agropecuario, permitiendo la revocación temporal de concesiones no esenciales para reasignar volúmenes a necesidades básicas, un mecanismo que podría beneficiar a 25 millones de personas en cuencas sobreexplotadas como la del Río Bravo y Lerma-Chapala. Además, introduce el concepto de "responsabilidad hídrica", que obliga a usuarios grandes —como agroindustrias que consumen el 77% del total nacional— a adoptar prácticas de buen uso, como la tecnificación del riego, con incentivos fiscales para quienes reduzcan su huella hídrica en un 20% anual; de lo contrario, enfrentan multas de hasta 30,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalentes a 3.39 millones de pesos en 2025. Esta priorización no solo fortalece el tejido social al proteger hogares vulnerables —especialmente en comunidades indígenas, donde el 60% carece de acceso continuo—, sino que promueve la sostenibilidad ambiental al vincular el derecho al agua con el medio ambiente sano, exigiendo planes de restauración en acuíferos contaminados por arsénico o nitratos, un problema que afecta al 15% de las fuentes subterráneas según monitoreos de la Conagua.***Mecanismos de Financiamiento y Regularización de ConcesionesAnte la prohibición de cortes por adeudos, la ley redefine los modelos de financiamiento para los servicios hídricos, promoviendo esquemas alternativos como subsidios progresivos basados en el consumo —gratuito hasta 100 litros mensuales por familia, con tarifas escalonadas para excedentes— y fondos federales transferidos a municipios vía el Ramo 33, con un incremento proyectado del 15% en 2026 para cubrir pérdidas estimadas en 10,000 millones de pesos anuales por deudores morosos. La Conagua, como autoridad rectora, creará un Registro Nacional del Agua para transparentar concesiones —actualmente 500,000 títulos, de los cuales el 20% están inactivos o acaparados por privados—, eliminando la transmisión libre entre particulares para combatir el mercado negro que ha especulado con volúmenes equivalentes a 2,000 millones de metros cúbicos anuales; en su lugar, se implementa un mecanismo de "reasignación" supervisada, que permite herencias o ventas de tierra con conservación del volumen, uso y plazo original, pero solo tras análisis de disponibilidad hídrica, beneficiando a 2 millones de productores agrícolas que temían perder derechos ancestrales. Para regularizar pozos ilegales —alrededor de 60,000 en operación informal—, se otorgan 12 meses de gracia sin retroactividad en trámites previos, con multas reducidas para pequeños usuarios que adopten medidores inteligentes, un avance tecnológico que podría ahorrar 1,500 millones de metros cúbicos al año en fugas urbanas, equivalentes al consumo de 10 millones de habitantes. Estas medidas, aunque elogiada por ONGs como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) por su enfoque en equidad, generan tensiones con el sector privado, que invirtió 20,000 millones en infraestructura bajo el esquema anterior, demandando compensaciones transitorias para evitar litigios masivos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).***Contexto Legislativo y Polémicas DesatadasEl proceso legislativo de la LGA, iniciado con la iniciativa enviada por Sheinbaum el 2 de octubre de 2025 a la Cámara de Diputados —tras 18 modificaciones clave en una sesión maratónica de 24 horas el 4 de diciembre—, culminó en el Senado con 68 enmiendas tras negociaciones intensas con el sector campesino, que exigió salvaguardas para el "binomio tierra-agua" y la no retroactividad en regularizaciones, en un debate que reveló acusaciones cruzadas de acaparamiento: desde concesiones de exfuncionarios como Olga Sánchez Cordero (2.6 millones de metros cúbicos anuales en Nuevo León) hasta ventas ilegales de agua de riego a municipios por parte de productores. La oposición, liderada por PAN y PRI, califica la ley como "el inicio del fin de la propiedad privada", argumentando centralismo excesivo en la Conagua —con recursos humanos insuficientes, apenas 4,000 empleados para 3,000 cuencas— y falta de consulta indígena, violando el Convenio 169 de la OIT, lo que ha impulsado amparos en al menos cinco estados del norte. Por su parte, Morena defiende la reforma como histórica contra la "mafia agraria" heredada de los 90, que privatizó 1,500 ejidos y acaparó títulos para especulación inmobiliaria, citando inversiones de 15,000 millones en tecnificación del riego para reducir el consumo agrícola del 80% actual. Protestas de agricultores —bloqueos en Chihuahua, Sonora y Sinaloa el 24 de noviembre, afectando 500 camiones— reflejan temores a burocracia en prórrogas de concesiones y penas por delitos hídricos de "amplia interpretación", como la extracción ilegal con hasta 50 años de prisión, aunque la ley mitiga con programas de devolución voluntaria de excedentes para abastecimiento humano.***Implicaciones Sociales y AmbientalesPara los usuarios domésticos, la prohibición de cortes representa un alivio inmediato para 15 millones de hogares en pobreza —donde el 30% acumula deudas por más de seis meses—, fortaleciendo derechos interseccionales como la salud (reduciendo enfermedades diarreicas en un 20%, según la Secretaría de Salud) y el medio ambiente sano, al exigir planes de saneamiento que traten el 60% de aguas residuales urbanas actualmente vertidas sin procesar. En el sector hídrico, la ley fomenta coordinación federal-subnacional mediante consejos de cuenca con participación ciudadana, proyectando un ahorro de 2,000 millones de metros cúbicos anuales por eficiencia, equivalente al abasto de 16 millones de personas, y multas por contaminación que podrían generar 5,000 millones en fondos para restauración de ríos como el Santiago, contaminado en un 70% por agroquímicos. Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplauden su alineación con la Agenda 2030 de la ONU, pero advierten desafíos en implementación: solo el 50% de municipios tiene capacidad técnica para medidores, y la escasez proyectada para 2030 —con 10 cuencas en colapso— exige 100,000 millones de inversión en infraestructura. Socialmente, beneficia a migrantes y comunidades afromexicanas en las costas, donde el 40% depende de pozos comunitarios, pero genera inequidad si no se subsidia el "mínimo vital" en zonas áridas como Baja California, donde el costo operativo supera los 20 pesos por metro cúbico. En última instancia, la LGA posiciona a México como referente en derechos hídricos, pero su éxito dependerá de la voluntad política para superar resistencias sectoriales y garantizar que el agua, como bien público, no se convierta en botín de elites.***