Proceso de Denuncia y Evidenciación de la Participación de la UPVA 28 de Octubre en la Protesta en Conagua
El 27 de agosto de 2025, durante la conferencia de prensa matutina del gobernador Alejandro Armenta Mier, la Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla, encabezada por Samuel Aguilar Pala, inició un procedimiento formal de denuncia pública contra la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) "28 de Octubre", acusándola de participar en actos de vandalismo y agresión durante una manifestación realizada el 26 de agosto frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la Plaza de las Américas, en la ciudad de Puebla.
Este proceso se activó tras la revisión preliminar de evidencias audiovisuales recopiladas por elementos de seguridad y manifestantes, que incluyeron videos donde una oradora se identificaba explícitamente como miembro de la organización. La Segob, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades, enfocándose en delitos como daños a la propiedad federal, lesiones a un agente policial y posible alteración del orden público, tipificados en los artículos 243 y 307 del Código Penal del Estado de Puebla. Aguilar Pala enfatizó que, pese a la negación inicial de los líderes de la UPVA —quienes aseguraron no haber intervenido—, la evidencia contradice su versión, lo que representa un incumplimiento a acuerdos previos de diálogo establecidos con el gobierno estatal.
El procedimiento incluye la notificación a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHE) para supervisar el respeto a la libertad de expresión, mientras se evalúa la aplicación de sanciones administrativas o penales, con un plazo inicial de 48 horas para la identificación de los involucrados.
La protesta del 26 de agosto, que duró más de cuatro horas, involucró a integrantes de la Unión de Pueblos de Cholula, vecinos de Xoxtla, Nealtican y la capital poblana, así como presuntos miembros de la UPVA 28 de Octubre, quienes bloquearon vialidades, pintaron edificios y exigieron la cancelación de convenios para el trasvase de agua de la región Izta-Popo hacia Puebla, denunciando la sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de concesionarios como Concesiones Integrales.
Durante el altercado, un policía estatal resultó herido por agresión física —sin que se documentara sometimiento de manifestantes que justificara la respuesta—, y se reportaron daños materiales en el inmueble federal, incluyendo pintas y desperfectos en fachadas. La Segob clasificó estos actos como "contaminación" de un movimiento legítimo por defensores del agua, atribuyendo la escalada de violencia a la intervención de la UPVA, organización conocida por su historial de protestas en temas de comercio ambulante, agua y orden público. Aguilar Pala proyectó durante la conferencia un video grabado por los propios manifestantes, donde una participante declara: "Somos de la UPVA 28 de Octubre", contradiciendo el mensaje de un dirigente que negó la participación. Este material, junto con testimonios de testigos y reportes policiales, forma la base de la investigación, que se amplía para verificar si Renato Romero —activista en defensa del agua y presunto enlace con la UPVA— orquestó los hechos.
El gobierno estatal, a través de la Segob, reiteró su política de "prudencia, paciencia y diálogo", invitando a la UPVA a una mesa de negociación para abordar demandas como el orden en mercados y la erradicación de actividades ilícitas, como la distribución de sustancias prohibidas y el acoso en centros educativos.
Sin embargo, Aguilar Pala calificó a líderes como Renato Romero como "seudolíderes sociales" que generan "desperfectos a la ciudad" y rompen acuerdos previos, como los alcanzados en reuniones del 12, 18 y 20 de agosto de 2025 para resolver conflictos en zonas como los estadios y mercados. El gobernador Armenta respaldó esta postura, afirmando que se aplicará la ley sin interferir en la libertad de expresión, pero protegiendo los derechos de los policías y el patrimonio público. La FGE ha priorizado el análisis forense de los videos y la revisión de cámaras de seguridad en Plaza de las Américas, con posibles detenciones en las próximas 24 horas si se confirman identidades. Este caso se enmarca en un patrón de tensiones con la UPVA 28 de Octubre, que ha protagonizado marchas y bloqueos en años previos (como en 2023 y 2024) por temas de empleo informal, represión municipal y privatización del agua, pero que ahora enfrenta escrutinio por presunta infiltración en movimientos ajenos.Detalles del Incidente y Secuencia de Eventos
Este proceso se activó tras la revisión preliminar de evidencias audiovisuales recopiladas por elementos de seguridad y manifestantes, que incluyeron videos donde una oradora se identificaba explícitamente como miembro de la organización. La Segob, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades, enfocándose en delitos como daños a la propiedad federal, lesiones a un agente policial y posible alteración del orden público, tipificados en los artículos 243 y 307 del Código Penal del Estado de Puebla. Aguilar Pala enfatizó que, pese a la negación inicial de los líderes de la UPVA —quienes aseguraron no haber intervenido—, la evidencia contradice su versión, lo que representa un incumplimiento a acuerdos previos de diálogo establecidos con el gobierno estatal.
El procedimiento incluye la notificación a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHE) para supervisar el respeto a la libertad de expresión, mientras se evalúa la aplicación de sanciones administrativas o penales, con un plazo inicial de 48 horas para la identificación de los involucrados.
La protesta del 26 de agosto, que duró más de cuatro horas, involucró a integrantes de la Unión de Pueblos de Cholula, vecinos de Xoxtla, Nealtican y la capital poblana, así como presuntos miembros de la UPVA 28 de Octubre, quienes bloquearon vialidades, pintaron edificios y exigieron la cancelación de convenios para el trasvase de agua de la región Izta-Popo hacia Puebla, denunciando la sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de concesionarios como Concesiones Integrales.
Durante el altercado, un policía estatal resultó herido por agresión física —sin que se documentara sometimiento de manifestantes que justificara la respuesta—, y se reportaron daños materiales en el inmueble federal, incluyendo pintas y desperfectos en fachadas. La Segob clasificó estos actos como "contaminación" de un movimiento legítimo por defensores del agua, atribuyendo la escalada de violencia a la intervención de la UPVA, organización conocida por su historial de protestas en temas de comercio ambulante, agua y orden público. Aguilar Pala proyectó durante la conferencia un video grabado por los propios manifestantes, donde una participante declara: "Somos de la UPVA 28 de Octubre", contradiciendo el mensaje de un dirigente que negó la participación. Este material, junto con testimonios de testigos y reportes policiales, forma la base de la investigación, que se amplía para verificar si Renato Romero —activista en defensa del agua y presunto enlace con la UPVA— orquestó los hechos.
El gobierno estatal, a través de la Segob, reiteró su política de "prudencia, paciencia y diálogo", invitando a la UPVA a una mesa de negociación para abordar demandas como el orden en mercados y la erradicación de actividades ilícitas, como la distribución de sustancias prohibidas y el acoso en centros educativos.
Sin embargo, Aguilar Pala calificó a líderes como Renato Romero como "seudolíderes sociales" que generan "desperfectos a la ciudad" y rompen acuerdos previos, como los alcanzados en reuniones del 12, 18 y 20 de agosto de 2025 para resolver conflictos en zonas como los estadios y mercados. El gobernador Armenta respaldó esta postura, afirmando que se aplicará la ley sin interferir en la libertad de expresión, pero protegiendo los derechos de los policías y el patrimonio público. La FGE ha priorizado el análisis forense de los videos y la revisión de cámaras de seguridad en Plaza de las Américas, con posibles detenciones en las próximas 24 horas si se confirman identidades. Este caso se enmarca en un patrón de tensiones con la UPVA 28 de Octubre, que ha protagonizado marchas y bloqueos en años previos (como en 2023 y 2024) por temas de empleo informal, represión municipal y privatización del agua, pero que ahora enfrenta escrutinio por presunta infiltración en movimientos ajenos.Detalles del Incidente y Secuencia de Eventos
- Inicio de la Protesta: El 26 de agosto, alrededor de las 14:00 horas, un grupo de aproximadamente 50-100 personas, incluyendo defensores del agua de Nealtican y Xoxtla, se congregó en Plaza de las Américas exigiendo la revisión de concesiones hídricas. Inicialmente pacífica, la manifestación escaló con la llegada de presuntos miembros de la UPVA, quienes bloquearon accesos y realizaron pintas con mensajes contra Conagua.
- Actos de Vandalismo y Agresión: Los daños incluyeron grafitis en fachadas y puertas del edificio federal, estimados en miles de pesos. Un agente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fue agredido físicamente —posiblemente con golpes y objetos contundentes—, resultando con lesiones menores atendidas in situ. No se reportaron detenciones durante el evento, pero la policía intervino para restablecer el orden sin uso excesivo de fuerza.
- Evidencia Presentada: En la conferencia del 27 de agosto, Aguilar Pala reprodujo un video de 1:30 minutos donde una oradora, identificada como afiliada a la UPVA, arenga a la multitud. Además, se mencionaron mensajes de texto de dirigentes negando participación, lo que se interpreta como un intento de desmarcarse para evitar sanciones. Fuentes de la Segob confirmaron que el material fue obtenido de redes sociales y grabaciones oficiales.
- Heridas y Daños: El policía herido recibió atención médica inmediata y fue dado de alta; no se reportaron lesiones graves entre manifestantes. Los daños al edificio de Conagua involucraron limpieza de pintas y reparación de cerraduras, con peritaje en curso por la FGE para cuantificar el monto.
- Implicaciones Legales: La carpeta de investigación podría derivar en cargos por daño en propiedad ajena (hasta 8 años de prisión) y lesiones (hasta 3 años), con agravantes si se prueba organización premeditada. La UPVA enfrenta posible suspensión de mesas de diálogo hasta que se resuelvan los incumplimientos, y la CDHE monitorea para evitar represalias.
En redes sociales como X, el tema se viralizó con publicaciones en tiempo real. La cuenta
@Diario_Cambio
compartió un clip de la conferencia, acumulando vistas y comentarios sobre la necesidad de orden en protestas, mientras
@ControversiaPu4
reprodujo el video de Aguilar Pala condenando los actos y llamando al diálogo.
@Paralelo19MX_
destacó la responsabilidad de Renato Romero en los destrozos, enlazando a reportes de vandalismo. Otras cuentas como
@24HorasPuebla
y
@urbano_noticias
replicaron las imágenes, generando debates sobre la infiltración de grupos en manifestaciones legítimas, con más de 200 interacciones en posts relacionados.
En síntesis, este procedimiento de evidenciación por parte de la Segob busca no solo esclarecer los hechos del 26 de agosto, sino también disuadir futuras intervenciones violentas de la UPVA 28 de Octubre en temas ajenos a su agenda principal. La FGE actualizará avances en las próximas horas, mientras el gobierno mantiene la puerta abierta al diálogo para resolver demandas hídricas y de orden público de manera pacífica, fortaleciendo la gobernabilidad en Puebla.
