Liz Sánchez y el cinismo en pista de baile: el PT se lava las manos en Cuautempan
Por José Herrera
La senadora Lizeth Sánchez García, dirigente estatal del Partido del Trabajo en Puebla, ha dicho —con toda la tranquilidad que permite la inmunidad parlamentaria— que la culpa de haber elegido a un alcalde vinculado a la delincuencia organizada no es del partido que lo postuló… sino de la gente que votó por él.
Así, con esa mezcla de arrogancia e irresponsabilidad política, el PT se deslinda de Gerardo Cortés Caballero, el presidente municipal prófugo de Cuautempan, acusado de acopio de armas y vínculos con el crimen organizado, mientras el municipio sobrevive con un Concejo designado y una población abandonada a su suerte.
“La gente se equivocó de persona”, dijo Liz Sánchez, como si las candidaturas no fueran responsabilidad directa de los partidos, como si los perfiles llegaran solos a las boletas, y como si no fuera su propia firma la que respaldó el registro de Cortés Caballero ante el Instituto Electoral.
El arte de no hacerse responsable
La conferencia fue una clase magistral de evasión: admitió que no investigaron el perfil del edil, pero de inmediato deslizó la culpa hacia la Fiscalía General del Estado, como si el papel de un partido no fuera precisamente filtrar, revisar y garantizar que sus candidatos no tengan expedientes oscuros ni nexos con estructuras criminales.
Luego vino el momento de desparpajo mediático: “No es el único con el que he bailado, he bailado con muchos más”, dijo Liz Sánchez, minimizando su cercanía con el hoy prófugo y convirtiendo en chiste una relación política que, a la luz de los hechos, no era superficial sino estructural.
Y es que no se trata de fotos ni bailes. Se trata de haber encumbrado a un operador criminal dentro de la estructura municipal, de haberle entregado el poder institucional de Cuautempan y de no asumir ninguna consecuencia cuando ese poder se convirtió en amenaza para el orden público.
Una comunidad sin gobierno, un partido sin memoria
Cuautempan no es una anécdota. Es la muestra de lo que ocurre cuando las candidaturas se negocian en oscuros acuerdos partidistas, sin escrutinio ni control, y cuando las dirigencias prefieren el pragmatismo electoral antes que la ética política.
Hoy, el municipio permanece bajo un Concejo Municipal —una figura de emergencia que sólo se activa en contextos de ingobernabilidad— mientras el edil huye, la Fiscalía investiga, y el PT se hace el desentendido.
La senadora no ofreció ni sanciones, ni medidas de control, ni autocrítica real. Solo un llamado vacío a los alcaldes del PT para que se conduzcan “conforme a los principios”. ¿Cuáles principios? ¿Los que permiten postular a un presunto delincuente y luego culpar al electorado cuando todo explota?
El fondo del problema
Lo que deja este caso es algo más grave que un edil prófugo: deja al descubierto la profunda irresponsabilidad con la que se manejan muchas candidaturas en Puebla, el uso electoral de las estructuras municipales por parte de cárteles o intereses turbios, y la completa impunidad con que actúan los partidos, sabiendo que nunca rinden cuentas.
Porque si la senadora puede reír y bailar en la rueda de prensa mientras su partido coloca a presuntos criminales en el poder, es que la política ya no es un oficio público, sino un carnaval grotesco de complicidades.
Y si a eso le llamamos democracia, entonces estamos bailando al borde del abismo.
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