Concesiones Integrales va contra activistas: Xoxtla, el agua como botín
El agua no se negocia: basta de oportunismo disfrazado de liderazgo
Por José Herrera
La defensa del agua es legítima. Pero usar esa bandera para manipular, desinformar y lucrar políticamente con la necesidad de la gente, no lo es. Lo que hoy ocurre en San Miguel Xoxtla merece un análisis más allá del ruido mediático y del protagonismo de quienes se autoproclaman líderes sociales, pero operan con la lógica del chantaje y la victimización.
El Gobierno del Estado ha sostenido una posición clara: el abasto y la gestión del agua deben garantizarse bajo criterios de legalidad, justicia y sostenibilidad. Frente a eso, hay grupos que han buscado posicionarse como representantes del pueblo, cuando en realidad responden a intereses particulares, ajenos a las necesidades reales de las comunidades.
Lo ocurrido con Renato Romero —detenido por presuntos actos violentos en instalaciones estratégicas— debe verse no como un ataque a la protesta, sino como una respuesta legal ante actos que cruzan la línea entre el activismo y el sabotaje. Porque defender el agua no puede implicar tomar pozos por la fuerza, dañar infraestructura o amenazar a trabajadores. Eso no es resistencia: es oportunismo criminal disfrazado de causa social.
La causa justa no necesita caudillos
Nadie niega que el agua es un derecho humano. Pero los derechos se defienden con organización, con diálogo y con respeto a la ley, no con discursos incendiarios ni con la manipulación de colectivos vulnerables.
Muchos de los llamados “líderes” que hoy se colocan al frente de esta causa no viven en Xoxtla, no beben de ese pozo y no representan más que sus propios intereses políticos. Son los mismos que aparecen cada sexenio, levantando banderas que no les pertenecen, sembrando división y desinformación con una narrativa diseñada para confundir: “el Estado reprime, la empresa roba, nosotros somos el pueblo”.
La realidad es otra. El Gobierno del Estado ha mantenido mesas de diálogo abiertas, vigilancia sobre las concesionarias y operativos de regularización del servicio. Pero también tiene el deber de preservar el orden público y proteger instalaciones estratégicas que abastecen a miles de personas.
A la defensa del agua, sin simulaciones
La solución a la crisis hídrica en Puebla —como en todo el país— requiere política pública seria, revisión contractual, participación ciudadana y voluntad institucional. No se resuelve con asambleas improvisadas ni con la toma de pozos a gritos.
La exigencia a Concesiones Integrales debe mantenerse: cumplimiento pleno de sus obligaciones, transparencia tarifaria y garantía del servicio. Pero eso no se logra con agitadores ni con voceros del caos.
El agua no se negocia. Y tampoco puede ser usada como pretexto para crear mártires de papel ni “presos políticos” que en realidad buscan fuero, reflectores o candidaturas.
Hoy más que nunca, urge diferenciar entre la lucha legítima por los recursos naturales y el oportunismo de quienes han hecho de la protesta un negocio. Porque mientras algunos simulan defender el agua, lo único que realmente buscan… es poder.
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