FGE investiga red de corrupción en el Registro Público de Puebla: funcionarios pedían moches de hasta 10 mil pesos
PUEBLA, Pue.— Bajo el amparo de ventanillas oscuras y trámites enredados, una red de corrupción operaba dentro del Registro Público de la Propiedad en Puebla. Según reveló este miércoles el gobernador Alejandro Armenta Mier, al menos una decena de funcionarios exigían pagos ilegales de entre 5 mil y 10 mil pesos a ciudadanos a cambio de “agilizar” trámites que, de otra forma, podían demorar hasta cuatro meses.
“Lo que debe resolverse en un día, lo aplazan a propósito. Pero si el ciudadano coopera, al día siguiente tiene su trámite en mano”, denunció el mandatario durante su habitual conferencia matutina.
Los hechos, que ya son materia de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), forman parte de una revisión exhaustiva al interior del Gobierno estatal, impulsada desde la oficina del Ejecutivo y coordinada con la recién creada Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
La vieja maquinaria
Armenta Mier no se anduvo con rodeos: “Eso es traición a la confianza”, sentenció, y anunció que los responsables enfrentarán tanto sanciones administrativas como consecuencias penales.
La revelación, sin embargo, no resulta aislada. En días recientes, el propio gobernador ya había dado cuenta de una red de evasión fiscal dentro de la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como de indicios de corrupción en otras áreas clave del aparato burocrático estatal.
“Estamos barriendo la corrupción desde arriba hacia abajo, pero también desde abajo hacia arriba”, reiteró, citando su lema contra las prácticas ilegales enquistadas en la administración pública.
Trámites como moneda de cambio
La estrategia, según explicó el gobernador, era tan burda como sistemática: extender artificialmente los plazos de entrega de documentos y luego ofrecer una “vía rápida” mediante el pago de un soborno. En algunos casos, los ciudadanos eran persuadidos para entregar hasta 10 mil pesos en efectivo, sin recibo ni justificación formal.
El Registro Público de la Propiedad, dependencia clave en la seguridad jurídica de los bienes inmuebles, ha sido históricamente señalado por prácticas similares, aunque pocas veces las acusaciones habían llegado tan alto como ahora.
“Estamos cruzando información con otras dependencias. Este no es un caso aislado. Hay estructuras que se repiten y patrones que estamos desmantelando”, adelantó el mandatario.
Llamado a la denuncia
Armenta también hizo un llamado directo a la ciudadanía para que denuncie a servidores públicos que condicionen servicios a cambio de pagos extraoficiales. Reiteró que la mayoría de los trabajadores del gobierno estatal actúan con integridad, pero aceptó que “unos cuantos hacen quedar mal a todos”.
Finalmente, prometió que en los próximos días se dará a conocer un informe detallado con nombres, áreas y montos involucrados, y que el combate a la corrupción no se detendrá “por ningún tipo de presión política o económica”.
“Vamos a actuar. Lo que está en juego es la confianza pública en sus instituciones”, concluyó.
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