Crónicas de Corrupción (XIX): El tráfico de influencias: Cómo las relaciones políticas controlan el destino de Puebla
Por Carlos Charis
30 de junio de 2025
El poder de las relaciones políticas en Puebla ha demostrado ser uno de los factores más determinantes a la hora de tomar decisiones que afectan a todos los habitantes del estado. La oligarquía política que ha gobernado la entidad durante las últimas décadas ha logrado tejer una red de influencias que le permite controlar casi todos los aspectos de la vida pública. Desde la asignación de contratos públicos, hasta la designación de cargos clave en los tres niveles de gobierno, la política en Puebla se maneja desde un círculo cerrado, en el que las decisiones no siempre responden al interés general, sino a intereses particulares de quienes ostentan el poder.
Esta forma de actuar ha perpetuado un sistema de clientelismo que no solo ha servido para mantener a ciertos grupos en el poder, sino también para diluir la responsabilidad de las instituciones y consolidar redes de corrupción que se alimentan de la falta de transparencia y la impunidad.
La consolidación del poder a través de los favores
Uno de los ejemplos más claros de cómo las relaciones políticas se han utilizado para consolidar el poder en Puebla es el caso de Carlos Romero Deschamps, el líder sindical petrolero que ha sido señalado como uno de los personajes con más influencia dentro del estado. Aunque ha sido criticado por su gestión en el sindicato petrolero, ha mantenido una red de contactos políticos que le han permitido afianzar su poder en Puebla.
La relación de Romero Deschamps con varios gobernadores y funcionarios del estado ha sido un secreto a voces. Según varias fuentes, fue precisamente gracias a estas relaciones que logró obtener contratos millonarios de explotación de recursos en diversas zonas del estado, en especial aquellas donde el petróleo es uno de los recursos más codiciados. Los favores políticos que prestó a ciertos funcionarios durante campañas electorales no solo aseguraron su inmunidad, sino que también le permitieron manejar flujos millonarios de dinero dentro de sus negocios privados.
Este tipo de relaciones no solo involucra a personajes de la política tradicional como el PRI o el PAN, sino también a actores de otros sectores que, a lo largo de los años, han sido parte fundamental del sistema político que sigue vigente en Puebla.
Los contratos públicos: El negocio de la impunidad
El negocio de los contratos públicos ha sido otro de los grandes motores del tráfico de influencias en Puebla. El otorgamiento de contratos millonarios para la construcción de infraestructura o la adquisición de bienes y servicios se ha convertido en una herramienta poderosa para mantener la lealtad de los actores políticos clave.
En este sentido, el caso del exgobernador Rafael Moreno Valle es uno de los más emblemáticos. Durante su gobierno, se dieron a conocer varias irregularidades en el proceso de licitación de contratos para la construcción de obras públicas. Se documentaron casos en los que las empresas favorecidas por el gobierno de Moreno Valle pertenecían a personas cercanas a su círculo de confianza. Estos contratos, muchos de ellos otorgados a empresas fantasma, fueron significativamente sobrevalorados. Los beneficios fueron distribuidos entre políticos y empresarios que, a cambio de recibir estos contratos, garantizaron la lealtad política del gobernador.
Uno de los ejemplos más sonados fue el de Lomas de Angelópolis, el fraccionamiento más exclusivo y costoso de Puebla, donde se reveló que varias empresas de construcción vinculadas a exfuncionarios del gobierno de Moreno Valle se habían beneficiado con contratos para la urbanización de las zonas cercanas, sin tener en cuenta el interés público ni las necesidades de los habitantes.
La manipulación de la justicia como moneda de cambio
El poder judicial en Puebla, en muchos casos, no solo ha sido víctima de los favores políticos, sino que también ha sido utilizado como una herramienta para garantizar impunidad y proteger a los poderosos. Esto ha quedado demostrado en el tratamiento de los casos judiciales que involucran a políticos o empresarios con vínculos con el poder.
El caso de Víctor Hugo Palacios, exfuncionario de la Secretaría de Finanzas y exalcalde de Ajalpan, ilustra perfectamente cómo el poder judicial ha sido utilizado para proteger a individuos con poder político. A pesar de que Palacios fue acusado de malversación de fondos y lavado de dinero, su proceso judicial fue sistemáticamente retrasado y archivado en varias ocasiones, debido a sus estrechas relaciones con altos funcionarios del gobierno estatal.
El costo de un sistema colapsado
El costo de este sistema de tráfico de influencias es altísimo para la sociedad. Mientras los actores políticos siguen fortaleciendo su poder, el pueblo de Puebla paga el precio de una justicia manipulada y unos recursos públicos que terminan en manos de unos pocos.
El desarrollo económico de la entidad sigue siendo desigual, y la infraestructura pública se construye a espaldas de la necesidad de los ciudadanos, quienes no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, educación de calidad o seguridad.
Este tráfico de influencias, junto con la corrupción que lo alimenta, ha creado una red de intereses que solo busca perpetuar el poder de unos pocos, mientras la desigualdad y la injusticia siguen siendo la norma para la mayoría de los poblanos.
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