Armenta defiende su postura: “Primero el
bienestar social”
Por Rodolfo Herrera charolet
Desde el
Ejecutivo estatal, Alejandro Armenta Mier, advirtió de la expropiación de
predios de inmobiliarias que se han beneficiado de gobiernos permisibles o que
no han respondido al bienestar social y equilibrado de territorio urbano. Si
bien es cierto que existen críticas de grupos privilegiados, dicha advertencia no
fue vista como un acto autoritario, sino como una acción firme en defensa
del interés público. Voceros del gobierno han señalado que muchas de las
grandes desarrolladoras inmobiliarias se han beneficiado durante años de
políticas urbanas permisivas, acumulando enormes extensiones de tierra, con
acceso a servicios públicos subsidiados, y han hecho uso intensivo de recursos
naturales como el agua, en zonas donde la población carece incluso de
acceso regular a estos servicios.
La política
anunciada por el gobernador Armenta busca redistribuir parte de esos
beneficios hacia sectores tradicionalmente abandonados, como las y los
policías estatales, quienes en su mayoría suelen vivir en condiciones
precarias, lejos de sus centros de trabajo y con acceso limitado a los servicios
básicos.
“No se trata de castigar a nadie, sino de establecer un nuevo
equilibrio. Si las inmobiliarias se han enriquecido gracias al desarrollo de
Puebla, es justo que ahora devuelvan algo a la comunidad. Queremos que el
progreso sea compartido”, afirmó
un funcionario de la Secretaría de Gobernación estatal.
Además,
desde el gobierno de Alejandro Armenta se enfatiza que no se trata de una
expropiación arbitraria, puesto que la postura también se apoya en mecanismos
constitucionales y legales vigentes que facultan al Estado mexicano a expropiar
bienes privados, siempre que exista una causa de utilidad pública debidamente
justificada y se garantice el pago de una indemnización justa. Así mismo es una
llamada a estos desarrolladores a que se sumen al compromiso social. “Las
empresas pueden donar voluntariamente, participar en esquemas de coinversión o
abrir mesas de diálogo. Pero si se niegan, el Estado tiene la facultad de
actuar por el bien común”, señalaron funcionarios desde Casa Aguayo.
Apoyo desde sectores progresistas y académicos
Distintos
sectores sociales, colectivos urbanos y académicos ligados a temas de justicia
territorial y derecho a la ciudad respaldan la postura del gobernador. Puesto
que consideran que, durante la última década ante el acelerado crecimiento de
zonas residenciales de alto nivel —como Lomas de Angelópolis o Haras del
Bosque—, es necesario garantizar que ese mismo suelo urbano sea accesible
para trabajadores esenciales, quienes en su mayoría no tienen el poder
adquisitivo para lograr dichos beneficios, como los elementos de seguridad
pública.
“Durante
décadas, el desarrollo urbano ha beneficiado a unos cuantos. Este tipo de
medidas nos recuerda que el suelo es un bien estratégico y que su uso debe
responder a necesidades sociales, no solo a intereses privados”, opinan
urbanistas e investigadores del Colegio de México.
También se
ha señalado que esta estrategia puede ser una forma para romper con viejos
pactos de impunidad entre autoridades (municipales en su mayoría) y grandes
grupos económicos que históricamente han operado con escasa o nula regulación.
“Puebla
ya no puede ser tierra de saqueo. Quien quiera invertir, que invierta, pero
bajo nuevas reglas donde la justicia social esté al centro”, han expresado
activistas de las organizaciones opositoras en defensa del agua y el
territorio.
Con esta
política, el gobierno de Puebla pretende establecer un precedente en la
relación entre el desarrollo urbano y el interés colectivo, colocando al Estado
como actor regulador y redistributivo, en contraste con el modelo
neoliberal que ha dominado por años en la planeación urbana del país.
