Colonos protestan contra Antorchistas – 19 de enero de 2018
El 19 de
enero de 2018, un grupo de vecinos del fraccionamiento San Juan
Bautista y de la colonia 20 de Noviembre, ubicados al sur de la
ciudad de Puebla, llevaron a cabo una protesta en la sede de la Secretaría
General de Gobierno (SGG), en Casa Aguayo, para denunciar un
presunto intento de despojo de sus predios por parte de Antorcha
Campesina, específicamente a través de la figura de la regidora Rosario
Sánchez Hernández.
El origen de la protesta
Los vecinos
manifestaron su preocupación de que Antorcha Campesina, y en particular
la regidora Rosario Sánchez Hernández, estuvieran tratando de despojarles
de los terrenos donde habían instalado sus viviendas. Según los
denunciantes, los intentos de despojo se habrían intensificado debido a las presiones
por parte de la organización para desalojar a los habitantes y ocupar
los predios para otros fines. Los afectados denunciaron que estos actos no solo
eran ilegales, sino también una violación a sus derechos de propiedad.
Los vecinos
afectados manifestaron que, en varias ocasiones, habían recibido presiones
por parte de miembros de Antorcha Campesina para abandonar sus
hogares, bajo la amenaza de que la organización, con el respaldo de la regidora
Sánchez Hernández, tomaría control de los terrenos para su propio
beneficio.
La protesta en Casa Aguayo
Un centenar
de vecinos se dirigieron a Casa Aguayo, la sede de la Secretaría
General de Gobierno, para exigir que el gobierno estatal interviniera y detuviera
los intentos de despojo. Durante la protesta, los manifestantes exigieron
justicia, y pidieron que las autoridades garantizaran la protección de
sus derechos y su propiedad privada.
En su denuncia
pública, los vecinos acusaron a Antorcha Campesina de ser
responsable de un sistema de presión para obtener terrenos
mediante prácticas que consideraban ilegales y abusivas.
Recalcaron que en el sur de la ciudad de Puebla ya existían antecedentes
de otros intentos de invasión de terrenos por parte de la organización.
Reacciones y respuestas
La regidora
Rosario Sánchez Hernández negó las acusaciones de despojo, asegurando que
la protesta era parte de una campaña de desinformación y que las
denuncias eran infundadas. En su defensa, Sánchez Hernández indicó que Antorcha
Campesina buscaba promover proyectos de vivienda para los sectores
más necesitados y no tenía intenciones de despojar a nadie de sus propiedades.
Por otro
lado, los vecinos exigieron que la Secretaría General de Gobierno (SGG)
tomara cartas en el asunto y que las autoridades municipales
intervinieran para frenar lo que consideraban un abuso de poder por parte de Antorcha
Campesina.
Contexto político y social
Este
enfrentamiento se dio en un contexto político y social en el que Antorcha
Campesina había ganado notoriedad en Puebla por sus acciones en
defensa de los pobres y por su presencia en diversos sectores políticos.
No obstante, la organización ha sido criticada por sus métodos, que
muchos consideran violentos o ilegales, sobre todo en lo que
respecta a sus actividades en la toma de terrenos y en la presión sobre
autoridades locales.
Además, la
presencia de la regidora Rosario Sánchez Hernández, quien estaba
vinculada a Antorcha Campesina, generó aún más controversia, ya que los
manifestantes la señalaron como una de las principales responsables de perpetrar
el despojo de las propiedades.
Implicaciones para la comunidad y las autoridades
Este
conflicto expuso las tensiones entre organizaciones sociales,
como Antorcha Campesina, y los vecinos que buscan proteger su
derecho a la propiedad privada. Además, puso de manifiesto las dificultades
de las autoridades locales y estatales para manejar situaciones de conflicto
social relacionadas con la ocupación ilegal de terrenos y el abuso de poder
por parte de ciertos grupos.
Por un
lado, la protesta reflejó las preocupaciones de las comunidades sobre el
aumento de invasiones ilegales de terrenos y el temor a ser despojados
de sus viviendas. Por otro, mostró la resistencia de las autoridades a
intervenir en conflictos donde los actores sociales involucrados tienen una
fuerte presencia política y económica en la región.
Repercusiones
El caso
generó una gran cobertura mediática y aumentó la tensión entre los
grupos sociales en la zona sur de Puebla. Además, se plantearon dudas sobre
la eficacia de las autoridades locales y estatales para proteger
a las comunidades de prácticas que consideran abusivas por parte
de organizaciones con influencia política.
Las
repercusiones de este conflicto también fueron políticas, pues tanto el
gobierno estatal como el municipal se vieron presionados para tomar una postura
clara frente a las acusaciones de despojo y el papel de Antorcha
Campesina en la región.
Antorchistas invaden casas de “El Refugio” – 4 de febrero de 2018
El 4 de
febrero de 2018, el fraccionamiento El Refugio, ubicado en las
avenidas 3 Sur y 16 de Septiembre en la ciudad de Puebla, se
convirtió en el centro de una nueva serie de invasiones por parte de miembros
de Antorcha Campesina, una organización social conocida por su accionar
en la ocupación de terrenos y viviendas. Este fraccionamiento ha sido un
escenario recurrente de conflictos y enfrentamientos entre los ocupantes
ilegales y los residentes originales, con un historial de ocupaciones ilegales
desde 2010.
El origen de las invasiones
En enero
de 2010, alrededor de 200 miembros de Antorcha Campesina,
armados con palos, piedras y machetes, invadieron
el fraccionamiento El Refugio. En esta ocasión, tomaron control de 92
viviendas recién construidas y 76 lotes dentro del complejo
habitacional, despojando a los vigilantes y trabajadores de la construcción
que se encontraban en el sitio. Las propiedades invadidas, que tenían un valor
estimado en más de 49 millones de pesos, pertenecían al Banco
Inmobiliario Mexicano (BIM).
El conflicto legal y la falta de desalojo
A pesar de
que un Juez Séptimo de lo Penal emitió seis órdenes de desalojo
entre 2011 y 2015, las autoridades estatales, específicamente la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado, no pudieron ejecutar las órdenes. El
principal argumento fue la falta de elementos suficientes para llevar a
cabo los operativos, lo que resultó en el fracaso de estos intentos de
desalojo.
En 2016, un
séptimo intento de desalojo también fracasó bajo circunstancias
similares, lo que permitió que las invasiones continuaran. Esto generó un
creciente malestar entre los residentes originales del fraccionamiento,
quienes llevaban años pagando por sus viviendas y viendo cómo sus comunidades
se veían afectadas por las ocupaciones ilegales.
Reacciones de los vecinos y comerciantes informales
Las
invasiones no solo afectaron a los propietarios legítimos de las viviendas,
sino que también comerciantes informales, presuntamente afiliados a
Antorcha Campesina, comenzaron a instalarse en áreas verdes y accesos
principales del fraccionamiento. Esto generó dificultades de movilidad
para los residentes, además de incrementar la inseguridad en la zona.
Los habitantes denunciaron que la presencia de estos comerciantes informales
dificultaba las actividades cotidianas y causaba molestias, ya que además, las
áreas comunes no eran mantenidas adecuadamente.
Protestas y bloqueos de vialidades
En 2016, la
situación empeoró cuando los miembros de Antorcha Campesina organizaron
un bloqueo de vialidades en el sur de la ciudad, con el objetivo de impedir
un desalojo programado por las autoridades. Durante este tiempo, también
anunciaron una marcha multitudinaria a través de las principales
avenidas de Puebla, lo que provocó un caos vial significativo y afectó
gravemente la movilidad de la ciudadanía.
Los
bloqueos y las marchas organizaron una gran tensión en la ciudad, ya que
los residentes legales de El Refugio y las áreas aledañas se sintieron desprotegidos
por las autoridades, que no pudieron garantizar el cumplimiento de las órdenes
judiciales ni ofrecer una solución efectiva a los problemas
derivados de las invasiones.
Impacto en la calidad de vida de los residentes
La falta
de intervención efectiva por parte de las autoridades generó preocupación
y resentimiento entre los vecinos legales de El Refugio, quienes veían
cómo sus propiedades se desvalorizaban debido a la invasión de tierras y la presencia
de grupos informales en la zona. Las tensiones aumentaron con el paso de
los años, y muchos residentes de El Refugio comenzaron a temer que las
invasiones pudieran extenderse a otras áreas del fraccionamiento o incluso a
zonas cercanas.
Además, el
impacto en la calidad de vida fue evidente: la inseguridad se
disparó, la infraestructura del fraccionamiento comenzó a deteriorarse
debido a la falta de control, y las acciones de Antorcha Campesina
causaron un entorno de incertidumbre que afectó tanto a los habitantes
como a los empresarios y comerciantes de la zona.
El papel de las autoridades y las implicaciones políticas
La inacción
de las autoridades municipales y estatales ante la situación en
El Refugio fue motivo de críticas. Los residentes se sintieron abandonados
por las instituciones encargadas de proteger la propiedad privada y de
garantizar la seguridad pública. En este contexto, las autoridades
locales fueron señaladas por no haber respondido de manera efectiva
ante los intentos de desalojo y por permitir que las ocupaciones ilegales
se prolongaran durante tanto tiempo.
Por otro
lado, Antorcha Campesina continuó siendo una organización de gran influencia
política en la región, con la capacidad de organizar protestas, bloqueos y
marchas masivas. Esto generó dudas sobre el compromiso político de los
gobernantes para tomar acciones decisivas en contra de las prácticas
ilegales de la organización.
Conclusiones
El caso de
las invasiones de El Refugio expuso las tensiones entre la organización
Antorcha Campesina y los residentes legales, además de reflejar la ineficacia
de las autoridades para hacer cumplir las leyes y proteger los derechos de
propiedad. Las ocupaciones ilegales y los intentos de desalojo fallidos dejaron
una sensación de desconfianza en la gobernanza local, además de
generar un ambiente de inseguridad y tensión política en el sur
de Puebla.
Mientras
tanto, los residentes de El Refugio continúan exigiendo justicia y una
solución definitiva a los problemas derivados de la ocupación ilegal
de sus propiedades, buscando que las autoridades intervengan para garantizar
el estado de derecho y el respeto a la propiedad privada.
Recopilado por: Rodolfo Herrera Charolet
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