Represión de presidenta contra activistas defensores del agua.
Nealtican, Pue. La presidenta municipal de Nealtican, Imelda Gil Osorio, enfrenta fuertes críticas tras amenazar públicamente con criminalizar a ciudadanos que convoquen a asambleas para discutir la problemática del agua en la comunidad. Organizaciones civiles y ciudadanos denunciaron el uso de la policía municipal y ambulancias para intimidar a una familia que convocaba a una reunión sobre la falta del vital líquido.
Perifoneo detenido con uso de fuerza
El incidente ocurrió el pasado 7 de diciembre, cuando la policía municipal bloqueó el paso de una familia que realizaba perifoneo para convocar a una asamblea el próximo 9 de diciembre. Testigos señalan que los uniformados incluso portaron armas de fuego, lo que provocó una crisis nerviosa en una menor.
En una transmisión por redes sociales, la alcaldesa calificó estas acciones ciudadanas como un intento de “incitar a la violencia” y aseguró que no permitiría que este tipo de actividades continuaran.
“Esto me molestó. Les pedí que se callaran y apagaran su audio. Les dije que mis puertas estaban abiertas para dialogar, pero ellos decidieron seguir con el mensaje”, justificó Imelda Gil en su declaración pública.
Críticas del Comité de Defensa del Agua
El Comité de Defensa de Agua de Acuexcomac desmintió las declaraciones de la edil, acusándola de prepotencia y de utilizar recursos municipales para reprimir a la población. “¿Qué de malo tiene invitar a una asamblea sobre el tema del agua? Es un tema que nos duele y afecta como comunidad”, cuestionaron en un comunicado.
Además, señalaron que fue la propia alcaldesa quien inicialmente convocó a la asamblea para el 9 de diciembre, por lo que criticaron su cambio de postura.
Excesiva extracción de agua: el conflicto de fondo
El tema central de la asamblea ciudadana es la posibilidad de dar por terminado un convenio relacionado con el proyecto Nealtican, el cual ha permitido la extracción excesiva de agua durante los últimos 30 años, afectando el suministro en la comunidad.
“El problema del agua es muy fuerte en nuestro pueblo y queremos hablar de ello. ¿Por qué la presidenta quiere evitarlo? ¿Quién está detrás de su cambio de postura?”, añadieron los defensores en su comunicado.
Llamado a la organización y al diálogo
El comité aseguró que convocar y realizar asambleas es un derecho ciudadano y exigió a las autoridades municipales atender los problemas con seriedad y sin represión. Extendieron una invitación a la población para asistir a la reunión del 9 de diciembre, incluyendo a la presidenta municipal, para discutir soluciones al problema del agua.
Este caso pone de manifiesto la tensión entre las demandas ciudadanas por recursos básicos y las estrategias de las autoridades municipales, generando un llamado generalizado al respeto de los derechos de organización y diálogo comunitario.
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