Tepole hereda a Barroso multa millonaria de Profepa por tiraderos clandestinos en Tehuacán.
El Ayuntamiento de Tehuacán enfrenta una multa de 45 millones de pesos impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), derivada de la proliferación de tres tiraderos clandestinos durante la administración del expresidente municipal Pedro Tepole Hernández.
El actual alcalde, Alejandro Barroso Chávez, informó que la sanción está relacionada con dos tiraderos clandestinos en San Marcos Necoxtla y el relleno sanitario municipal de Santa María Coapan, que no cumplían con las condiciones necesarias para prevenir la contaminación ambiental. La clausura de estos sitios expuso las omisiones y la falta de obras requeridas para mitigar los daños ecológicos.
Además del problema ambiental, Barroso Chávez señaló que esta situación agrava la ya crítica situación legal y administrativa que recibió al asumir el cargo. La multa millonaria pone en riesgo la estabilidad económica del municipio, que deberá buscar soluciones urgentes para hacer frente a las sanciones y evitar mayores repercusiones.
“Nos encontramos con graves irregularidades en el manejo ambiental de la administración pasada. La multa es un reflejo de años de omisiones y descuidos que ahora debemos resolver,” afirmó Barroso.
Plan de acción: mitigar daños y negociar con Profepa
El presidente municipal anunció que buscará acuerdos con la Profepa para reducir o anular la multa mediante la presentación de un proyecto integral de saneamiento ambiental. Este plan incluirá medidas para restaurar las áreas afectadas y asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales.
Barroso también adelantó que las irregularidades detectadas durante el proceso de entrega-recepción serán documentadas en un informe oficial. Este reporte servirá para determinar si las acciones de la administración de Tepole Hernández ameritan responsabilidades legales.
Mientras el Ayuntamiento busca alternativas para gestionar la multa, se trabajará en la recuperación de las zonas afectadas. Las obras de saneamiento no solo son una obligación legal, sino una necesidad para prevenir mayores impactos ambientales y proteger la salud de las comunidades cercanas.
El caso refleja la urgencia de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de residuos y proyectos ambientales. La administración de Barroso aseguró que implementará mecanismos de vigilancia más estrictos para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Con estos esfuerzos, el Gobierno Municipal espera reducir el impacto económico de la multa, restaurar el entorno ecológico y marcar un precedente de responsabilidad en la gestión pública.
