Cabeza logo

header ads

El Gobierno Estatal Asume la Seguridad de Xoxtla, Anuncia Gobernador

 El Gobierno Estatal Asume la Seguridad de Xoxtla, Anuncia Sergio Salomón

Puebla, 26 de octubre de 2024 — En una reciente entrevista, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina confirmó que el gobierno estatal ha decidido asumir la seguridad de San Miguel Xoxtla tras el trágico asesinato de dos policías municipales y el abandono de sus funciones por parte del resto de la corporación.

Después de la inauguración del tapete de aserrín en el zócalo de Puebla, el gobernador detalló que mantuvo comunicación con la alcaldesa Guadalupe Ortiz Pérez para evaluar la situación de seguridad en el municipio. Este diálogo fue crucial para entender las implicaciones de la renuncia masiva de elementos policiacos, motivada por el temor tras la emboscada que resultó en la muerte de sus compañeros.

En respuesta a esta crisis, Céspedes Peregrina informó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal ha desplegado elementos en la localidad para garantizar la paz y el orden. Esta acción es parte de una estrategia más amplia, en la que la SSP asumirá funciones de la policía municipal en al menos 25 municipios de Puebla. Esta medida se justifica por la falta de certificación y la ausencia de la Clave Única de Identificación Policial (CUIP) en muchos elementos locales, así como la carencia de pruebas de control de confianza y licencias colectivas para el uso de armas.

El asesinato de los dos policías, ocurrido a la entrada de San Miguel Xoxtla, a escasos metros de la autopista México-Puebla, ha expuesto serias deficiencias en el manejo de la seguridad pública. Se ha documentado que los uniformados involucrados no contaban con las licencias necesarias, ni estaban inscritos en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, y sus evaluaciones de control de confianza no estaban vigentes.

Estas circunstancias no solo evidencian la urgencia de una reestructuración en la seguridad municipal, sino que también resaltan la responsabilidad del Estado en asegurar que todas las fuerzas de seguridad cumplan con los estándares legales y operativos establecidos por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras normativas federales y estatales pertinentes.