22 de enero de 2022
El 5 de enero de 2021, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) emitió la recomendación 25/2020 dirigida al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Raciel López Salazar, para investigar las fiestas realizadas los fines de semana del 2019 al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.
El organismo integró el expediente 7241/2019 y recabó evidencias para confirmar que a dichas fiestas acudían internas del área femenil a cambio de pagos en efectivo. Aùn cuando los directivos del penal negaron dichos señalamientos.
El periodista Rodolfo Ruiz, publicó fotografías que evidencian, una vez más, que los internos de San Miguel tienen acceso a drogas, alcohol y celulares; varios de ellos mantienen sus redes sociales activas y presumen la convivencia con otras personas privadas de su libertad.
El periodista tambièn informò que los reclusos consumen whisky marca Buchanan's, cervezas Tecate y drogas como la heroína. Pero, además, se graban y fotografían mientras lo hacen.
El pasado miércoles el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, reconoció que muchos reclusos planean y cometen delitos desde los centros penitenciarios y también aceptó que los propios directivos se terminan corrompiendo.
En mayo de 2021 el exdirector del penal de San Miguel, Jorge Gómez Torres, presumió que por órdenes directas del gobernador fueron desmantelados los privados construidos de forma ilegal en la explanada y filtró fotografías y videos a medios de comunicación. Sin embargo ùnicamente se derrumbaron 60 de los 100 privados, tipo hotel que se mantienen dentro del penal.
Estos privados se encuentran en la explanada del Cereso de San Miguel y cuentan con todos los servicios. Algunos tienen hasta jacuzzi o vapor y como si se tratara de una propiedad, quienes administran los espacios cobran renta semanal a los internos que desean hacer más amena su estancia en el reclusorio.
A decir de fuentes del reclusorio estos privados son fáciles de identificar pues son las únicas que cuentan con un rotoplas en la parte superior y por lo regular están cerradas con candado.
Con la salida de Raciel López Salazar de la Secretaría de Seguridad Pública, en abril de 2021 Jorge Gómez Torres fue nombrado director del penal de San Miguel. A su llegada prometió revisiones y solucionar las problemáticas más criticadas tanto por internos como por las familias, pero dos meses después fue detenido por la fuga de Felipe Hernández Tlatelpa alías “El Pirulí”.
Jorge Gómez Torres, el director de San Miguel, Octaviano Hernández Zaragoza, el subdirector y el Armando N., el jefe de custodios, fueron vinculados a proceso por el delito de encubrimiento pero nunca los dieron de baja, según lo declarado por el gobernador.
El nuevo director del Cereso de San Miguel es Jaime Mendoza Bon, quien fue encargado de despacho de la Dirección del penal de Ciudad Serdán. En su contra también pesan señalamientos de corrupción por permitir el ingreso de bebidas alcohólicas y drogas, entre otras cosas.
Ahora, Jaime Mendoza Bon se encuentra envuelto en el escándalo del cadàver del bebé que fue introducido a San Miguel.
Desde 2017, cuando Rafael Moreno Valle era gobernador de Puebla, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detectó autogobierno en los penales de San Miguel y Tepexi de Rodríguez.
En ese entonces el director de San Miguel era Rafael Carvajal Paz, pero el 23 de mayo de 2017 dejó el cargo tras una serie de acusaciones en su contra.
Incluso el 10 de octubre de 2016, un interno conocido como “El Michoacano”, tuiteó a Moreno Valle que el director y subdirector, Orlando Velázquez Rojas, exigían una cooperación para la campaña electoral a cambio de permitirle mantener el control de la venta de droga al interior del penal.
Otro escándalo en el que se vio envuelto Rafael Carvajal Paz fue la muerte del reo Jaime García Yáñez, ocurrida el 17 de febrero de 2017, cuando supuestamente cayó de forma accidental desde el segundo piso.
En su lugar fue nombrado Carlos Javier Taboada Villanueva, quien al final de la administración de Mario Marín Torres dirigió el penal de Tepexi de Rodríguez, pero fue severamente cuestionado.
En junio de 2018 fue reubicado en la Dirección General de Centros Penitenciarios de Puebla y San Miguel quedó a cargo de Heriberto Galindo Martínez.
Solo estuvo hasta noviembre de 2019 debido a señalamientos por tolerar la prostitución, venta de drogas, ingreso de alcohol y uso de celulares al interior de las celdas, así que en su lugar llegó Omar Oseguera Gutiérrez, quien fue removido en marzo de 2020.
Con la salida del vicealmirante Ildefonso Amézaga Ramírez de la SSP, el gobierno de Barbosa Huerta realizó un operativo y tomó el control del Cereso de San Miguel.
Durante el operativo se encontró droga, teléfonos celulares, navajas, pantallas de televisión, dinero en efectivo, diversos utensilios para consumir droga, básculas grameras y armas “hechizas”.
Además de la destitución de Oseguera Gutiérrez, 78 custodios fueron cambiados para “romper todas las relaciones de complicidades que estaban instaladas”.
A la dirección del penal llegó Javier López González, quien abandonó el puesto en abril de 2021 tras la “limpia” que se hizo por la salida de Raciel López Salazar y los mandos chiapanecos de la SSP.
A raíz de eso entró Jorge Gómez Torres quien fue detenido y vinculado a proceso por la fuga de un reo como se mencionó anteriormente.
La recomendación 25/2020 emitida por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado derivó de diversas notas periodísticas que advertían la venta de celdas en 15 mil pesos al interior de San Miguel, extorsiones, cobros de 20 pesos por visitas y un área conocida como “la perrera”, a la cual llevaban a quienes no querían cooperar.
Visitadores del organismo entrevistaron a internos del área femenina y masculina, quienes aceptaron que los fines de semana se organizaban fiestas.
La investigación realizada por la CDH acreditó que los viernes, sábados y domingos se llevaban a cabo reuniones “con anuencia de las autoridades penitenciarias” que en ese momento se encontraban en funciones.
El propio personal facilitaba que las reclusas salieran de su área para convivir con los hombres, algunas de ellas a cambio de dinero.
La CDH señaló que “la realización de dichas fiestas resulta violatoria de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”, pero también detectó que los menores que se encontraban en compañía de sus madres privadas de la libertad “cuentan con una atención deficiente en materia de salud, educación y alimentación”.
El organismo solicitó un informe a la dirección del Cereso, pero solo obtuvo como respuesta que los señalamientos y las notas periodísticas eran falsas.
La comisión pidió a la SSP “poner en marcha medidas para evitar cualquier tipo de contacto entre la población penitenciaria varonil y femenil dentro del Cereso”, contratar personal capacitado en pediatría, neonatología, estimulación temprana y educadoras, e instruir al personal del área médica y custodia para actuar conforme lo establecido a la ley.
Con informaciòn de e-consulta / Rodolfo Ruiz
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