Por Redacción / 3 de junio de 2018
Puebla, Pue. — La violencia política ha cobrado una nueva víctima. Juana Iraís Maldonado Infante, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a diputada local por el Distrito 02, fue asesinada este fin de semana en una entidad marcada por la impunidad, el miedo y la complicidad institucional. Con su muerte, se confirman las advertencias que el propio partido había hecho semanas antes: al menos 14 de sus candidatos han recibido amenazas para abandonar la contienda electoral.
En rueda de prensa, Dulce María Alcántara, representante suplente del PVEM ante el Instituto Nacional Electoral (INE), lamentó el homicidio de Maldonado Infante —conocida entre sus simpatizantes como “Juany”— y de su acompañante, Érika Cázares, regidora del municipio de Juan Galindo. Ambas fueron halladas sin vida a bordo de un Volkswagen Sedán, con sus pertenencias intactas, lo que para la dirigencia partidista descarta el móvil de asalto y refuerza la hipótesis de un crimen político.
La zona donde ocurrió el asesinato —que conecta con municipios de alta conflictividad como Xicotepec, Jopala y Tlaxco— es parte de los focos rojos que el partido ha identificado por su historial de violencia, amenazas y presencia del crimen organizado. Se trata de un corredor que abarca tanto la Sierra Norte como el llamado “Triángulo Rojo”, este último tristemente célebre por el saqueo sistemático de hidrocarburos y la captura territorial por parte de bandas dedicadas al huachicol.
“Juany había externado su preocupación. Aunque no recibió amenazas directas, sí estaba al tanto de la situación que vivían sus compañeros candidatos”, declaró Alcántara. Según informó, en municipios como Jalpan, Jopala y Tlaxco, los candidatos a las alcaldías han sido advertidos —en más de una ocasión— de que deben retirarse, o enfrentar consecuencias. En Quecholac, una aspirante ya renunció ante la imposibilidad de continuar con su campaña.
En Tecamachalco, otro bastión del crimen organizado, el PVEM tuvo que solicitar acompañamiento especial para otra de sus candidatas. Aun así, el apoyo institucional ha sido tardío y, en muchos casos, nulo. “Exigimos al IEE y al gobierno del estado que asuman su responsabilidad. No podemos permitir que otra ‘Juany’ sea asesinada por querer participar en política”, expresó la vocera partidista.
Maldonado Infante era madre soltera y militante activa del PVEM desde hace varios años. Sus allegados la describen como una mujer entregada, sin enemigos y con buena aceptación entre el electorado. No obstante, la región que buscaba representar ha sido escenario de múltiples hechos violentos en los últimos procesos electorales.
El crimen ocurre en un contexto nacional de creciente violencia electoral: en este proceso, más de un centenar de políticos, funcionarios y candidatos han sido asesinados. Puebla no ha sido la excepción. Muy por el contrario, se ha convertido en una de las entidades con mayor riesgo para quienes aspiran a un cargo de representación popular.
El PVEM no ha definido aún quién sustituirá a Juany en la boleta. Lo que sí ha dejado claro es que sus candidatos continuarán, pero lo harán con temor y bajo amenaza. En Puebla, la política ya se volvió una sentencia de muerte.
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