Opacidad en la administración municipal de Zacapoaxtla
El gobierno municipal de Zacapoaxtla, encabezado por Margarito Rojas Parra del Partido Nueva Alianza (PANAL), ha incumplido gravemente con las obligaciones de transparencia durante los primeros nueve meses de 2025, al publicar información detallada de solo cinco contratos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta cifra contrasta drásticamente con los 42 contratos divulgados en el cuarto trimestre de 2024 por la administración anterior, lo que representa una reducción superior al 88% en la rendición de cuentas sobre adjudicaciones públicas. Tal opacidad genera sospechas fundadas de irregularidades, ya que limita el escrutinio ciudadano sobre el destino de los recursos públicos en un municipio donde el presupuesto anual depende en gran medida de participaciones federales y estatales.
Esta práctica sistemática de ocultamiento no solo viola la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino que se enmarca en un patrón recurrente en gobiernos municipales poblanos, donde la contratación de empresas sin infraestructura real —conocidas como factureras o de fachada— ha sido una herramienta para simular operaciones y desviar fondos. En administraciones previas del estado, como las de Rafael Moreno Valle y Tony Gali, se documentaron desvíos por cientos de millones de pesos mediante redes similares de proveedores fantasma, según denuncias de la Auditoría Superior del Estado y el Servicio de Administración Tributaria. Aunque no hay denuncias públicas específicas contra la actual gestión de Rojas Parra por este esquema en 2025, la drástica caída en la publicación de contratos sugiere un posible resurgimiento de estas prácticas en trienios recientes (2024-2027), facilitando la asignación discrecional de obras y servicios sin licitaciones abiertas ni supervisión efectiva. Perfil demográfico y socioeconómico de ZacapoaxtlaZacapoaxtla, ubicado en la Sierra Nororiental de Puebla, cuenta con una población de 57,887 habitantes según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, distribuida en 46.9% hombres y 53.1% mujeres, con un crecimiento del 8.62% respecto a 2010. Este municipio forma parte de una región con alta presencia indígena y rural, donde la economía se basa en agricultura, comercio local y remesas, registrando en el segundo trimestre de 2025 un ingreso por este concepto de 12.5 millones de dólares.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para 2020 —los más recientes disponibles a nivel municipal—, el 54.6% de la población vive en pobreza moderada y el 19.5% en pobreza extrema, sumando un total de 74.1% en situación de pobreza. Además, el 17% es vulnerable por carencias sociales y solo el 3.54% por ingresos. Las principales privaciones afectan el acceso a seguridad social, servicios básicos en vivienda y alimentación nutritiva, agravadas por un índice de marginación medio-alto en la entidad. En este contexto de vulnerabilidad, donde más de siete de cada diez habitantes enfrentan limitaciones estructurales, la falta de transparencia en el manejo de contratos públicos agrava la desconfianza ciudadana y obstaculiza el impacto real de programas sociales y obras en la reducción de la pobreza. Antecedentes y riesgos de corrupción en la gestión actualMargarito Rojas Parra asumió la presidencia municipal para el periodo 2024-2027 con promesas de un gobierno eficiente, finanzas sanas y rendición de cuentas, incluyendo un eje específico en el Plan de Desarrollo Municipal dedicado a la transparencia. Sin embargo, la realidad de solo cinco contratos publicados en nueve meses contradice estos compromisos y revive señalamientos pasados contra el edil, como los ventilados en su administración 2018-2021 (Partido Verde Ecologista de México) por presunto uso indebido de recursos para promoción personal y convenios publicitarios inflados.
La persistencia de empresas factureras en Puebla —detectadas incluso en listados del SAT para 2025 en múltiples estados, incluyendo operaciones simuladas para evadir fiscalización— representa un riesgo latente para municipios como Zacapoaxtla, donde la opacidad facilita su contratación. En un entorno de alta pobreza y dependencia de fondos públicos, estos actos no solo erosionan la confianza institucional, sino que perpetúan el rezago social al desviar recursos que podrían destinarse a infraestructura, salud y educación en una población mayoritariamente vulnerable. La sociedad civil y autoridades fiscalizadoras deben exigir mayor apertura para evitar que la corrupción siga siendo un freno al desarrollo local.
Esta práctica sistemática de ocultamiento no solo viola la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino que se enmarca en un patrón recurrente en gobiernos municipales poblanos, donde la contratación de empresas sin infraestructura real —conocidas como factureras o de fachada— ha sido una herramienta para simular operaciones y desviar fondos. En administraciones previas del estado, como las de Rafael Moreno Valle y Tony Gali, se documentaron desvíos por cientos de millones de pesos mediante redes similares de proveedores fantasma, según denuncias de la Auditoría Superior del Estado y el Servicio de Administración Tributaria. Aunque no hay denuncias públicas específicas contra la actual gestión de Rojas Parra por este esquema en 2025, la drástica caída en la publicación de contratos sugiere un posible resurgimiento de estas prácticas en trienios recientes (2024-2027), facilitando la asignación discrecional de obras y servicios sin licitaciones abiertas ni supervisión efectiva. Perfil demográfico y socioeconómico de ZacapoaxtlaZacapoaxtla, ubicado en la Sierra Nororiental de Puebla, cuenta con una población de 57,887 habitantes según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, distribuida en 46.9% hombres y 53.1% mujeres, con un crecimiento del 8.62% respecto a 2010. Este municipio forma parte de una región con alta presencia indígena y rural, donde la economía se basa en agricultura, comercio local y remesas, registrando en el segundo trimestre de 2025 un ingreso por este concepto de 12.5 millones de dólares.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para 2020 —los más recientes disponibles a nivel municipal—, el 54.6% de la población vive en pobreza moderada y el 19.5% en pobreza extrema, sumando un total de 74.1% en situación de pobreza. Además, el 17% es vulnerable por carencias sociales y solo el 3.54% por ingresos. Las principales privaciones afectan el acceso a seguridad social, servicios básicos en vivienda y alimentación nutritiva, agravadas por un índice de marginación medio-alto en la entidad. En este contexto de vulnerabilidad, donde más de siete de cada diez habitantes enfrentan limitaciones estructurales, la falta de transparencia en el manejo de contratos públicos agrava la desconfianza ciudadana y obstaculiza el impacto real de programas sociales y obras en la reducción de la pobreza. Antecedentes y riesgos de corrupción en la gestión actualMargarito Rojas Parra asumió la presidencia municipal para el periodo 2024-2027 con promesas de un gobierno eficiente, finanzas sanas y rendición de cuentas, incluyendo un eje específico en el Plan de Desarrollo Municipal dedicado a la transparencia. Sin embargo, la realidad de solo cinco contratos publicados en nueve meses contradice estos compromisos y revive señalamientos pasados contra el edil, como los ventilados en su administración 2018-2021 (Partido Verde Ecologista de México) por presunto uso indebido de recursos para promoción personal y convenios publicitarios inflados.
La persistencia de empresas factureras en Puebla —detectadas incluso en listados del SAT para 2025 en múltiples estados, incluyendo operaciones simuladas para evadir fiscalización— representa un riesgo latente para municipios como Zacapoaxtla, donde la opacidad facilita su contratación. En un entorno de alta pobreza y dependencia de fondos públicos, estos actos no solo erosionan la confianza institucional, sino que perpetúan el rezago social al desviar recursos que podrían destinarse a infraestructura, salud y educación en una población mayoritariamente vulnerable. La sociedad civil y autoridades fiscalizadoras deben exigir mayor apertura para evitar que la corrupción siga siendo un freno al desarrollo local.
