Cuando el narco se sentó en Los Pinos
Mientras hoy Estados Unidos señala a tres instituciones financieras mexicanas por presuntas operaciones ligadas al fentanilo, conviene hacer memoria. Porque quienes hoy fingen escandalizarse fueron, en su momento, cómplices o beneficiarios de un Estado capturado por el crimen organizado, desde lo más alto del poder.
El gobierno de México, bajo la administración actual, no protege a criminales ni pacta en lo oscuro. Lo que existe es cooperación internacional, vigilancia financiera y apertura a la investigación, incluso si eso incomoda al sistema bancario o al capital especulativo. Pero para entender este momento, hay que hablar con nombres y apellidos: Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna, el binomio que convirtió la “guerra contra el narco” en un negocio privado al servicio del Cártel de Sinaloa.
Calderón y García Luna: los verdaderos operadores del narcoestado
Felipe Calderón llegó al poder en 2006 con una legitimidad en entredicho y un país dividido. Su solución fue militarizar la seguridad pública y entregar el mando a Genaro García Luna, un personaje que hoy está preso en Estados Unidos por vínculos directos con el Cártel de Sinaloa. No lo decimos nosotros: lo dijo un jurado en Nueva York, con pruebas, testimonios y documentos. Calderón lo ha negado todo, como niegan los responsables de lo innegable. Pero los hechos lo condenan.
Mientras García Luna construía un imperio criminal desde la Secretaría de Seguridad Pública, los grandes bancos y casas de bolsa vivían su época dorada, moviendo millones de dólares sin supervisión, sin transparencia y sin consecuencias. Durante ese sexenio se lavó dinero a manos llenas con la complicidad del sistema financiero. Y ningún funcionario fue sancionado. Al contrario: fueron premiados con embajadas, contratos, puestos en la IP o cargos en organismos internacionales.
Hoy, el Estado sí actúa
Lo que hoy vemos es lo contrario: un gobierno que no encubre, sino que permite que se investigue. Por más que duela a algunos intereses financieros y políticos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha revelado lo que antes se escondía: que existen 300 empresas mexicanas ligadas a pagos para precursores químicos del fentanilo y que 10 instituciones financieras están bajo lupa, incluyendo tres ya mencionadas públicamente.
La CNBV interviene, la SHCP responde y hay colaboración con EE.UU. Sin miedo, sin complicidad. ¿Hubo omisiones? Es posible. ¿Hay que seguir depurando? Sin duda. Pero no se puede comparar este escenario con aquel en el que el jefe de seguridad nacional era parte del cártel más poderoso del mundo, y el presidente le entregaba todo el aparato del Estado sin preguntar.
Estados Unidos también debe rendir cuentas
Porque si hablamos de responsabilidades, Estados Unidos también debe explicar por qué protegió durante años a García Luna, por qué no actuó contra sus redes financieras antes, y por qué permitió que bancos con operaciones en Wall Street y Miami movieran dinero del narco con absoluta impunidad. El lavado no es solo mexicano. El consumo no es solo mexicano. El tráfico tampoco.
El gobierno de México no se arrodilla ante la DEA ni ante el Departamento del Tesoro. Coopera, investiga y actúa, con firmeza, pero con soberanía. A diferencia de sexenios anteriores, ya no hay pactos, ni Genaros, ni Calderones en Los Pinos. Quien quiera hablar de lavado de dinero, que lo haga con memoria. Porque fue en los tiempos del PAN cuando el crimen cruzó la puerta de Palacio... y fue recibido con honores.
