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Salinas y el chillido desesperado

 

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Grupo Salinas acusa al gobierno federal de “extorsión fiscal” y “acoso sistemático”. Sin embargo, los juicios fiscales en curso datan desde 2008, mucho antes de la actual administración. ¿No será que buscan politizar un proceso legal complejo?

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Hablan de “cobros dobles, abusivos e ilegales” atribuyéndolos a un afán político. Pero el SAT y la Procuraduría Fiscal están obligados a cobrar impuestos pendientes conforme a la ley, independientemente del color del gobierno.

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La acusación de “amedrentar y silenciar a críticos del poder” debe contrastarse con la existencia de medios, opositores y empresarios que expresan libremente sus opiniones. ¿Dónde está la evidencia concreta de presión política en los juicios?

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Grisel Galeano señala que hay 32 juicios fiscales activos que suman más de 74 mil millones de pesos. Se trata de procesos legales, no de una persecución política directa, y hay mecanismos judiciales para defenderse.

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La Procuraduría Fiscal recalca que estos mecanismos de defensa “atentan contra la Constitución y la justicia”. La ley fiscal debe aplicarse de manera imparcial, sin privilegios para grandes grupos empresariales.

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La esperanza en la Suprema Corte para resolver con objetividad es legítima, pero también es vital que se respete la independencia judicial y se evite cualquier intento de presión desde cualquier sector.

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Grupo Salinas asegura que no se dejará intimidar ni silenciar. La defensa de sus derechos es válida, pero también debe haber transparencia y rendición de cuentas. La ley es para todos, sin excepciones.