Una red de poder con rostro empresarial
Red de poder y concreto: las empresas y socios detrás del Grupo Proyecta
Rodolfo Herrera Charolet
Detrás del emporio inmobiliario Grupo Proyecta, promotor y artífice de desarrollos residenciales de alto perfil como Lomas de Angelópolis, Cabo Norte y Ciudad Modelo, existe una vasta red de sociedades mercantiles que, más allá del desarrollo urbano, representan un esquema empresarial que resulta depredador de los recursos públicos, genera un fuerte impacto ambiental y está estrechamente vinculado con figuras políticas y empresariales del más alto nivel.
El grupo es liderado por los hermanos Posada Cueto: Rafael, Alejandro, Gabriel, María Elena Asunción y Gabriela María. De acuerdo con registros oficiales, entre todos controlan al menos 44 empresas, la mayoría con giro inmobiliario, turístico o financiero.
Entre los hermanos, Alejandro Posada Cueto sobresale como el más activo: participa como accionista en al menos 21 sociedades mercantiles, seguido de Gabriel con 18, Rafael con 13, María Elena Asunción con 5 y Gabriela María con una.
Estas empresas están interconectadas mediante alianzas estratégicas con otros nombres de peso en los sectores financiero e inmobiliario, como el del exsecretario de Hacienda Pedro Aspe Armella —figura clave del salinismo— y sus hijos, los hermanos Aspe Bernal. En conjunto, los Posada Cueto y los Aspe son socios en Alpha Residences Puebla, Dominio Capital, Grupo Desarrollador Internacional y Residencial Urvanilla.
Además, Grupo Proyecta o sus empresas vinculadas mantienen relaciones societarias o de coinversión con los hermanos Gerardo y Manuel Pandal Ruiz, Julián Ventosa Aguilera, Fernando Alonso González, José Antonio Álvarez López, Luis Escudero y Montoto, Francisco Salvador Echeguren Barroeta, Alejandro Rafael Ventosa Posada, Francisco Javier Roberto Acosta, Yajaira Larios Leyva, y los hermanos Ana Luisa y Luis Carlos Escudero Vidales, entre otros actores relevantes del sector.
Urbanismo sin freno, con agua del Estado y sin plantas tratadoras
Buena parte del crecimiento de estas empresas ha sido posible gracias a gobiernos permisivos, tanto estatales como municipales, que han facilitado los cambios de uso de suelo, las concesiones de servicios públicos y la expansión urbana a través de alianzas poco transparentes.
Los desarrollos impulsados por estas compañías hacen uso intensivo de servicios públicos, especialmente agua potable, drenaje y electricidad, cuya infraestructura es sufragada con recursos estatales y federales. No obstante, la mayoría carece de sistemas propios de tratamiento de aguas residuales, lo que genera un impacto ambiental creciente y sin precedentes en regiones ecológicamente sensibles como los valles de Atlixco, Amozoc, y la cuenca del Alto Atoyac.
A pesar de la magnitud del impacto ecológico, no existen reportes públicos detallados sobre los planes de mitigación o compensación ambiental por parte del grupo ni sus desarrolladoras asociadas. Esta situación ha sido señalada por colectivos ambientales, académicos y urbanistas como una forma de “urbanismo extractivo” que privilegia la rentabilidad por encima de la sostenibilidad y la equidad social.
Silencio oficial y normalización del privilegio
Mientras estos consorcios continúan expandiendo sus megaproyectos, el Estado ha mantenido una actitud de colaboración o, en el mejor de los casos, omisión. En muchos casos, los permisos, convenios y autorizaciones han sido otorgados sin procesos públicos ni participación ciudadana, favoreciendo un modelo de ciudad segregada, elitista y excluyente.
Al día de hoy, Grupo Proyecta sigue operando con plena legalidad, sin que se haya documentado sanción o proceso legal alguno en su contra por el uso excesivo de servicios públicos, la carencia de infraestructura ambiental o el desplazamiento de comunidades rurales.
Es tiempo de que los dueños de Grupo Proyecta regresen un poco de lo mucho que han logrado, gracias a esos gobiernos permisivos que no los obligaron a devolver un poco de equidad y justicia social.
¿O no lo cree usted?
