Piña Olaya y Bartlett: A 30 Años del Mayor Robo a Ejidatarios de San Andrés Cholula
Treinta y cuatro años después, la expropiación de tierras en 1991 sigue siendo un capítulo oscuro en la historia del despojo de ejidatarios, con impactos aún vigentes en las víctimas.
Puebla, 13 de abril de 2025
El 26 de julio de 1991, se consumó una de las acciones más controvertidas de la administración del exgobernador priista Mariano Piña Olaya: la expropiación de 1,084 hectáreas de terrenos pertenecientes a ejidatarios de San Andrés Cholula, los cuales serían destinados para el desarrollo de la llamada “reserva territorial Atlixcáyotl”. Hoy, 30 años después, los efectos de este despojo siguen siendo palpables, tanto en el contexto urbano de Puebla como en las vidas de los afectados.
Aquel 26 de julio de 1991, las tierras que habían sido cultivadas por generaciones de familias campesinas fueron tomadas por el gobierno del estado bajo el pretexto de un proyecto de desarrollo regional. Sin embargo, el verdadero trasfondo de la expropiación no fue otro que un negocio millonario que beneficiaría a empresarios y gobiernos en turno, mientras que los ejidatarios fueron indemnizados de manera absolutamente insuficiente, con montos que hoy resultan humillantes frente al valor de la tierra en esa zona.
El robo silencioso: un precio de miseria
Las indemnizaciones recibidas por los ejidatarios fueron, en la mayoría de los casos, una fracción irrisoria del valor real de las tierras. Según testimonios de los afectados, como el caso de un campesino de San Andrés Cholula, por cuatro hectáreas de tierra, recibió apenas 100,000 pesos. Sin embargo, debido a la devaluación del peso en 1994, esa cantidad se redujo drásticamente a tan solo 50 pesos, lo que equivalía a poco más de un peso por metro cuadrado, en un contexto de creciente inflación. El contraste con el valor actual de esas mismas tierras, que ahora se cotizan a más de 30,000 pesos por metro cuadrado, es una muestra clara de la magnitud del despojo.
A 34 años de distancia, los recuerdos de aquellos días siguen vivos en la memoria de los ejidatarios, quienes, además de perder sus tierras, fueron sometidos a amenazas y presiones para aceptar las indemnizaciones que hoy consideran una burla. Muchos de ellos, ahora ancianos y en su mayoría en condiciones de salud deterioradas, viven en la pobreza, con la triste realidad de no haber podido hacer frente a los años de lucha por sus derechos.
La complicidad de los gobiernos en turno
Aunque el gobierno de Piña Olaya fue el responsable directo del despojo, su sucesor, Manuel Bartlett, jugó un papel fundamental al no hacer justicia a los ejidatarios y al utilizar métodos coercitivos para acallar las protestas. Bartlett, en su sexenio (1993-1999), se limitó a apaciguar las manifestaciones de los afectados mediante amenazas y el uso de la fuerza, lo que profundizó la injusticia social.
Los beneficiarios de este despojo fueron, en su mayoría, grandes empresarios y grupos políticos que vieron en la “reserva Atlixcáyotl” una oportunidad de oro para el desarrollo de áreas residenciales de lujo, centros comerciales y universidades privadas. Al mismo tiempo, los ejidatarios despojados quedaron al margen del proceso, sin acceso a una compensación justa y con la sensación de haber sido víctimas de un sistema político corrupto que favorecía a unos pocos.
Un legado de pobreza y despojo
La historia de miles de ejidatarios más es solo una muestra de la miseria que acompañó la expropiación. Hoy, muchos de los afectados ya han fallecido sin ver reparado el daño, mientras que otros, como Jacobo, pasaron sus últimos años de vida en la más absoluta indigencia, con problemas de salud graves y sin los recursos para hacerles frente.
Los recuerdos de este despojo permanecen en el tejido social de San Andrés Cholula, donde muchos ejidatarios siguen luchando por un reconocimiento de sus derechos. Para ellos, el recuerdo de aquel 26 de julio de 1991 no es solo una fecha histórica, sino un recordatorio doloroso de lo que fue un robo a plena luz del día, que aún sigue sin justicia.
La urgencia de la reparación del daño
A 34 años de esta tragedia, la sociedad poblana, y en especial las autoridades actuales, deben reflexionar sobre la necesidad de reparar el daño causado a estas familias, que en su mayoría, nunca recibieron lo que por derecho les correspondía. La expropiación no fue solo un hecho administrativo, sino un crimen que marcó a varias generaciones de ejidatarios y que dejó una huella indeleble en la historia reciente de Puebla.
Es imperativo que las autoridades actuales tomen en cuenta estos hechos para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Además, el caso de San Andrés Cholula debe servir de lección sobre la importancia de la justicia social, la transparencia en los procesos de expropiación y el respeto a los derechos de los ciudadanos más vulnerables.
Grupo Proyecta en FAUNA Política
