Invaden
terreno en Cuautlancingo – 26 de mayo de 2017
El 26 de mayo de 2017, vecinos de
Cuautlancingo denunciaron una invasión a un terreno privado ubicado en la calle
Vicente Guerrero de la junta auxiliar de Sanctórum, que conecta con
el Parque Industrial Finsa. Los invasores, presuntos miembros de Antorcha
Campesina, tenían la intención de fraccionar la propiedad para venderla
con fines habitacionales. Este hecho generó gran preocupación entre los
habitantes de la zona debido a la posibilidad de que la organización, conocida
por su vinculación con el PRI, ampliara su influencia en el área mediante la
ocupación ilegal de terrenos.
Reacción de
las autoridades locales
Ante las denuncias, el regidor Rafael
Ramírez Hernández, quien representaba a la población en el ayuntamiento
de Cuautlancingo, confirmó que varios residentes se habían acercado a la
autoridad local para presentar una queja formal sobre la invasión. Los vecinos
expresaron su temor de que la organización Antorcha Campesina no solo se
apoderara de los terrenos en la calle Vicente Guerrero, sino que también
pudiera intentar invadir más propiedades en la zona, lo que podría
alterar gravemente el orden urbano y afectar la propiedad privada
de los ciudadanos.
El contexto
de las invasiones de Antorcha Campesina
La invasión de terrenos en Cuautlancingo no
fue un hecho aislado. La organización Antorcha Campesina, con una fuerte
presencia en varias localidades de Puebla y en muchas otras partes del
país, ha sido acusada en diversas ocasiones de invadir terrenos tanto
públicos como privados, fraccionarlos de manera ilegal y luego venderlos a sus agremiados
o a otras personas. La estructura organizativa de Antorcha Campesina
suele estar vinculada al PRI y se caracteriza por su influencia en las elecciones
locales y federales, lo que les da un poder considerable en la
gestión de recursos y terrenos.
Este tipo de actividades, generalmente
promovidas por líderes de la organización, permiten a Antorcha controlar
grandes áreas de terrenos y propiedades que, con el tiempo, se convierten en asentamientos
irregulares o colonias populares. Estas prácticas han sido
ampliamente criticadas por diversos sectores de la sociedad, ya que fomentan
la ilegalidad y crean problemas de urbanización en las zonas
invadidas, sin el debido proceso legal ni planificación adecuada.
Preocupaciones
por la expansión de las invasiones
El temor de los vecinos de Cuautlancingo se
basaba en el precedente de otras invasiones de Antorcha Campesina en la
región, que, a lo largo de los años, habían despojado de tierras a propietarios
legítimos. En este caso, la invasión de la propiedad en la calle Vicente
Guerrero, cerca del Parque Industrial Finsa, se vio como una amenaza para el desarrollo
urbano ordenado y para la seguridad jurídica de quienes habían
adquirido sus terrenos de manera legal.
Además de la invasión en Cuautlancingo, Antorcha
Campesina ya había tomado posesión de un edificio de 500 departamentos
en el fraccionamiento Álamos, una zona habitada por aproximadamente 3,000
personas. Este tipo de acciones contribuye a la expansión de la
organización en diversas localidades, generando un problema de control
territorial que complica aún más la gestión urbana y la implementación de
políticas públicas en las áreas afectadas.
Repercusiones
sociales y políticas
La ocupación ilegal de terrenos por parte de Antorcha
Campesina no solo afecta a los propietarios directos de las propiedades
invadidas, sino también a las comunidades en general. La falta de legalidad
en los asentamientos generados por estas invasiones crea situaciones de inseguridad
y falta de servicios básicos, lo que afecta la calidad de vida de los
residentes. Además, estas invasiones se producen en un contexto donde las
autoridades locales a menudo parecen ineficientes para prevenir o
erradicar este tipo de prácticas, lo que genera desconfianza entre los ciudadanos
y una sensación de impunidad.
Por otro lado, la presencia de Antorcha
Campesina en estos territorios genera una dinámica política compleja,
ya que la organización tiene la capacidad de movilizar votantes en procesos
electorales, lo que le permite ejercer una influencia considerable
en las decisiones políticas locales. En muchos casos, la organización ha sido
acusada de usar las invasiones de terrenos como una forma de presionar
a las autoridades para conseguir beneficios políticos o económicos, lo
que pone en duda la transparencia en la gestión de recursos y la justicia
social que predica.
Conclusiones
y desafíos para las autoridades
La invasión de terrenos en Cuautlancingo
por parte de Antorcha Campesina es un ejemplo de las complejas dinámicas
de inseguridad jurídica y despojo de tierras que afectan a varias
localidades en Puebla. Aunque el regidor Rafael Ramírez Hernández y
otros funcionarios locales mostraron disposición para intervenir, el
caso refleja una vez más la dificultad de las autoridades para enfrentar
las prácticas ilegales de organizaciones que operan al margen de
la ley. La situación también pone en evidencia la necesidad de una mayor vigilancia
y control en las zonas urbanas y rurales para evitar que este
tipo de invasiones se repitan y afecten a más familias y propietarios
legítimos.
La comunidad de Cuautlancingo y las autoridades
municipales deben estar alerta para evitar que este tipo de situaciones
sigan escalando, y se debe buscar una solución legal que proteja tanto
los derechos de los propietarios como el orden público en la
zona.
Antorchistas
amagan con plantón en Tehuacán contra medidores de agua – 31 de agosto de 2017
El 31 de agosto de 2017, un grupo de cerca
de un centenar de integrantes de Antorcha Campesina se manifestó en el palacio
municipal y en las principales avenidas del centro de Tehuacán,
exigiendo que la presidenta municipal, Ernestina Fernández Méndez,
detuviera la instalación de medidores de agua en la Colonia Paraíso
de Jesús. Los manifestantes demandaron que la instalación de los medidores
fuera suspendida, argumentando que esta medida afectaría a los residentes de la
zona. La protesta estuvo acompañada de un ultimátum: si no obtenían una
respuesta favorable en un plazo de ocho días, anunciaron que iniciarían
un plantón indefinido en la explanada del municipio.
El contexto
de la protesta
La protesta surgió en respuesta a la decisión
del gobierno municipal de instalar medidores de agua en la Colonia Paraíso
de Jesús, una zona con alta presencia de asentamientos irregulares y un
histórico déficit de infraestructura urbana. Los residentes de la colonia,
apoyados por los antorchistas, se opusieron a esta medida, argumentando que el
cobro por el servicio de agua potable a través de medidores sería una carga
económica injusta para muchas familias que ya enfrentaban dificultades
económicas. Además, señalaban que la falta de infraestructura adecuada para el
suministro de agua en la zona haría que la medida fuera innecesaria e
ineficaz.
La postura
de Antorcha Campesina
Antorcha Campesina, una organización conocida por su vinculación con el PRI y por su
capacidad de movilización en diversas localidades, utilizó esta situación como
una plataforma para presionar a las autoridades municipales. El grupo acusaba
al gobierno local de desinterés por las necesidades de las colonias
populares y denunciaba que las políticas de cobro de servicios básicos, como el
agua, afectaban principalmente a las clases más desfavorecidas.
Los líderes de Antorcha Campesina en
Tehuacán, liderados en este caso por Ernestina Fernández Méndez,
acusaron a las autoridades municipales de no considerar las condiciones
sociales y económicas de los residentes de la colonia, quienes, según
argumentaban, no podían afrontar el costo adicional de los medidores. La
organización también se mostró dispuesta a utilizar sus tácticas de presión
social, como los plantones y manifestaciones, para lograr que la
administración municipal desistiera de la medida.
La
respuesta de las autoridades municipales
Ante la amenaza de un plantón indefinido,
la presidenta municipal, Ernestina Fernández Méndez, expresó su
disposición a dialogar con los manifestantes para encontrar una solución
que beneficiara tanto a los ciudadanos como al municipio. No obstante, la
alcaldesa defendió la instalación de medidores como una medida necesaria
para regularizar el servicio de agua y garantizar su distribución de
manera más equitativa. Según Fernández Méndez, la instalación de los
medidores ayudaría a combatir el desabasto y a garantizar el acceso
justo al agua, especialmente en una ciudad con crecimiento acelerado
y una infraestructura hídrica que no siempre estaba a la altura de las
demandas.
Impacto de
la manifestación en la ciudad
La protesta en Tehuacán no solo
movilizó a los antorchistas, sino que también generó una gran
preocupación entre los residentes de otras colonias populares, quienes
temían que las políticas de cobro del agua se extendieran a otras zonas de la
ciudad. La presencia de Antorcha Campesina, una organización con una
gran capacidad de movilización, hizo que la protesta tomara un giro político.
Los antorchistas utilizaron la situación para criticar las políticas del
gobierno local y demandar una mayor atención a las necesidades de los sectores
más empobrecidos de la ciudad.
La manifestación, que se llevó a cabo en lugares
estratégicos de la ciudad, como el palacio municipal y las avenidas
principales, también tuvo un impacto en el tráfico y la actividades
cotidianas de los ciudadanos. A pesar de las interrupciones, muchos
residentes de Tehuacán se mostraron solidarios con la causa, temiendo
que la instalación de los medidores pudiera ser el inicio de una serie
de medidas que afectaran más a las comunidades vulnerables.
Tensiones
políticas y sociales
La protesta en Tehuacán también reflejó la tensión
política en la ciudad entre el gobierno municipal y los grupos de
oposición, como Antorcha Campesina. Este grupo, históricamente ligado al
PRI, ha mantenido una relación cercana con varios actores políticos en
Puebla. Sin embargo, las políticas de la administración de Ernestina
Fernández Méndez no siempre han sido bien recibidas por los sectores más
populares, quienes consideran que las autoridades no han cumplido con sus
promesas de mejora en los servicios básicos y el bienestar social.
El conflicto sobre la instalación de
medidores de agua se convirtió en un campo de batalla política entre
el gobierno local y los movimientos sociales, lo que generó una mayor
polarización entre los grupos que defienden los intereses de los sectores más
vulnerables y aquellos que abogan por una gestión pública más eficiente
y sostenible de los recursos.
Desenlace
de la protesta
Aunque la amenaza de un plantón indefinido
puso presión sobre las autoridades municipales, la situación fue resuelta
temporalmente a través de un acuerdo que permitió que el gobierno municipal
suspendiera la instalación de los medidores en la Colonia Paraíso de Jesús
hasta que se llevara a cabo una consulta pública sobre el tema. La
protesta no solo logró visibilizar las preocupaciones de los vecinos,
sino también poner de relieve las dificultades que enfrenta Tehuacán en
términos de gestión de recursos básicos.
Finalmente, la protesta sirvió para agudizar
el debate sobre la gestión del agua en la ciudad, y Antorcha
Campesina consolidó su rol como un actor importante en las luchas
sociales relacionadas con los derechos de los ciudadanos más necesitados.
Recopilado por: Rodolfo Herrera Charolet
2025 Mapa interactivo - Homicidios
