Alto Mando de la Marina Hallado Muerto en Altamira: Sombras de Huachicol y Corrupción
9 de septiembre de 2025
En el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas, donde el olor a diésel se mezcla con el salitre del Golfo, la muerte de un alto mando de la Secretaría de Marina (Semar) ha levantado una polvareda de preguntas que el gobierno federal no parece dispuesto a responder con claridad. El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado por recibir sobornos en una red de huachicol fiscal, fue encontrado sin vida el 8 de septiembre en una camioneta oficial dentro de la Unidad de Protección Portuaria. Las autoridades federales, con su habitual hermetismo, apuntan a un suicidio, ocurrido a las 9:30 de la mañana con un arma de fuego, según reportes locales. Sin embargo, la sombra de la corrupción y la impunidad que envuelve este caso –y a la propia Marina– sugiere que la verdad podría ser más opaca que el combustible ilegal que circula por los muelles de Tamaulipas.El deceso de Pérez Ramírez, titular de la unidad portuaria, llega apenas un día después de que el gabinete de seguridad anunciara la detención de 14 integrantes de una red criminal conocida como Los Primos, dedicada al huachicol fiscal. Según la Fiscalía General de la República (FGR), esta organización –vinculada al decomiso histórico de marzo de 2025 de 10 millones de litros de diésel, un buque y 190 contenedores en Tampico– estaba presuntamente liderada por dos sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán: el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ya detenido, y el contralmirante Fernando Farías Laguna, aún prófugo. La red, según un testigo protegido –exdirector de Aduanas de Tampico–, operaba con sobornos de hasta 100 mil pesos que Pérez Ramírez habría recibido para permitir la entrada de buques con combustible no declarado.La Semar, en un comunicado difundido en redes sociales, expresó un “profundo lamento” por la muerte de su elemento, extendiendo condolencias a la familia y prometiendo “colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos”. Sin embargo, el mensaje, cargado de formalidad burocrática, omite cualquier mención a las acusaciones que pesaban sobre Pérez Ramírez, cuya reputación quedó manchada tras ser señalado en la investigación de la FGR. El silencio institucional, una constante en casos que involucran a las fuerzas armadas, refuerza las dudas sobre la transparencia en un país donde la corrupción parece tan arraigada como los muelles en el Golfo.El caso de Los Primos no solo implica a marinos. Entre los detenidos destaca Anuar González Hemadi, un exjuez federal destituido por irregularidades en el caso de abuso sexual de Los Porkys, en Veracruz, y ahora representante legal de Mefra Fletes, una empresa ligada a la red de huachicol. La FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, ha advertido que hay más órdenes de aprehensión en camino, sugiriendo que la red podría extenderse más allá de los 14 capturados, que incluyen empresarios, marinos en activo, un oficial retirado y exfuncionarios de aduanas. La investigación apunta a un entramado que combina poder político, complicidad institucional y voracidad económica, con el puerto de Altamira como uno de sus epicentros.El caso también ha salpicado a figuras políticas. En Baja California, la gobernadora María del Pilar Ávila Olmeda afirmó que las investigaciones por huachicol fiscal involucran a “un exgobernador del PAN”, en clara alusión a Ernesto Ruffo Appel, el primer panista en gobernar el estado. Aunque la fiscal estatal, María Elena Andrade, aclaró que no existe orden de aprehensión contra Ruffo, Ávila Olmeda insistió en que su nombre figura en las pesquisas, posiblemente ligado a la empresa Ingemar SA de CV, bajo escrutinio por presuntos delitos relacionados con el combustible ilegal. Ruffo, desde su casa en Ensenada, ha negado cualquier contacto con las autoridades federales, pero la mención de su nombre –en un contexto de 200 órdenes de aprehensión pendientes, según rumores– añade otra capa de sospecha a un caso que ya apesta a impunidad.El gobierno federal presume los decomisos –1.8 millones de litros en julio, 10 millones en marzo– como trofeos en su lucha contra el huachicol, pero la muerte de Pérez Ramírez expone las grietas de un sistema donde los guardianes parecen ser también los cómplices. La FGR, ahora a cargo de las investigaciones en Altamira, enfrenta el desafío de esclarecer no solo un presunto suicidio, sino el alcance de una red que involucra a altos mandos, empresarios y políticos. Mientras tanto, en Tamaulipas, el puerto sigue operando, los buques llegan y la verdad, como el combustible robado, se escurre entre las grietas de un país que no termina de enfrentar sus demonios.
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