Renuevan el Consejo Ciudadano de Búsqueda en Puebla: ¿avance real o simulación institucional?
Por José Herrera
26 de junio de 2025
PUEBLA, PUE.— En un estado con más de 2 mil personas desaparecidas y una Comisión de Búsqueda debilitada por recortes, burocracia y falta de voluntad política, el Congreso del Estado aprobó este miércoles los nombramientos del nuevo Consejo Ciudadano del Sistema Estatal y de la Comisión de Búsqueda de Personas, que ejercerá funciones del 2025 al 2028.
El nombramiento, aunque celebrado por algunas organizaciones, ocurre en un contexto de profunda desconfianza hacia las instituciones, particularmente aquellas que deberían encabezar la búsqueda de personas desaparecidas y garantizar verdad, justicia y reparación.
Durante la sesión ordinaria del Poder Legislativo, se designó a un grupo conformado por cuatro familiares de víctimas, dos especialistas y tres representantes de organizaciones civiles. Los nuevos integrantes son:
Familiares de personas desaparecidas:
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Rolando Camargo Muñoz
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Fernando Barrios Herrera
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María del Carmen Victoria Rosales Camacho
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Juan Gómez López
Especialistas en derechos humanos y búsqueda:
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María Stephanie González Cervantes
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Ana Karen Manzano González
Representantes de organizaciones de la sociedad civil:
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Yazmín García Pérez
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Omar de la Rosa Silva
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Gustavo Arteaga Ortega
El Consejo tiene como misión fungir como órgano consultivo, con voz pero sin voto vinculante, para influir en las políticas públicas de búsqueda en Puebla. Sin embargo, familiares de desaparecidos han advertido en múltiples ocasiones que estos nombramientos —aunque necesarios— no bastan sin un presupuesto digno, voluntad política y acciones efectivas por parte del Ejecutivo estatal y la Fiscalía General del Estado.
“Nos dan un asiento en la mesa, pero la mesa ya viene servida”, comentó una activista que pidió anonimato, cuestionando la real incidencia del Consejo cuando las decisiones claves siguen centralizadas en instancias sin transparencia ni resultados concretos.
Además, queda pendiente saber bajo qué criterios se realizó la selección, si hubo verdaderos procesos de consulta pública o si, como ocurre en otros órganos, se impusieron perfiles funcionales a los intereses del gobierno en turno.
El nombramiento se da también en medio de un creciente reclamo nacional por la crisis forense, la omisión sistemática de autoridades en investigaciones y la criminalización de las familias buscadoras, quienes arriesgan la vida diariamente por hacer el trabajo que el Estado se niega a cumplir.
En este escenario, la gran pregunta no es quiénes integran el Consejo, sino si se les permitirá trabajar con autonomía y si su voz será escuchada o silenciada como tantas otras.
