Niñez violentada, Estado ausente: El caso de Izúcar y los matrimonios entre niñas y adultos
Por José Herrera
En Izúcar de Matamoros, Puebla, una niña de 11 años dio a luz en 2024. El padre, un hombre de 26 años, fue registrado legalmente como progenitor. El hecho no solo fue ignorado por las autoridades municipales y estatales: fue validado por el sistema registral del Estado Mexicano.
Este caso, documentado por la colectiva feminista Marea Púrpura, no es una excepción. Es parte de un patrón estructural de violencia sexual infantil normalizada y encubierta, muchas veces bajo el disfraz de “uniones culturales” o “acuerdos familiares”. En realidad, se trata de violaciones legales a menores de edad avaladas por omisión y negligencia institucional.
Izúcar, en la lista de los 30 nacimientos más alarmantes de 2024
Datos de la Secretaría de Salud federal y de organizaciones de la sociedad civil confirman que en al menos 30 municipios del país se registraron partos de niñas entre 10 y 11 años, cuyas parejas eran adultos entre los 25 y los 46 años. En todos los casos, la diferencia de edad supera los 15 años, y en ninguno hay constancia de procesos penales por violación equiparada, abuso sexual, ni trata.
Entre los municipios figuran:
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Izúcar de Matamoros, Puebla
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Texcoco, Estado de México
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Acapulco, Guerrero
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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Puebla capital
En Izúcar, la colectiva Marea Púrpura denunció que no se trata de casos aislados, sino de una práctica extendida, especialmente en comunidades rurales marginadas como El Limón o Las Minas, donde niñas desaparecen del sistema educativo y reaparecen como madres a los 11 o 12 años.
“Esto no es cultura ni tradición: es violencia”
La colectiva exigió al alcalde Eliseo Morales establecer de inmediato:
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Protocolos de prevención de uniones forzadas
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Mecanismos de verificación para evitar el registro de matrimonios y nacimientos que involucren a niñas
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Rutas claras de denuncia, protección y acompañamiento legal y psicológico para víctimas
“El Estado está fallando. Las niñas no se embarazan solas. No es amor, es abuso. No es cultura, es crimen. No es tradición, es impunidad”, señalaron.
¿Qué dice la ley?
En México, desde 2019 el Código Civil federal prohíbe el matrimonio infantil y establece los 18 años como edad mínima sin excepción. Sin embargo, en la práctica:
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Los registros civiles municipales continúan validando uniones donde las niñas viven con adultos bajo el argumento de "unión libre"
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Las fiscalías no persiguen de oficio casos de violación equiparada
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No hay cruces sistemáticos entre actas de nacimiento, edad de la madre y edad del padre que permitan detectar delitos.
En Puebla, la Fiscalía General del Estado y el Sistema DIF han sido señalados por su inacción frente a embarazos de niñas y adolescentes. No existen informes públicos de carpetas de investigación abiertas por estos casos, ni de sentencias condenatorias.
El patrón de la impunidad
Marea Púrpura documenta que en muchos de estos casos:
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Las niñas abandonan la escuela entre quinto y sexto año de primaria.
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Son “llevadas” por adultos mayores con el consentimiento tácito de la familia, a cambio de dinero o acuerdos comunitarios.
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Se formalizan nacimientos sin que el registro civil alerte a la fiscalía.
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Las víctimas no acceden a servicios médicos ni apoyo psicológico.
En comunidades sin luz ni agua, no hay fiscal, no hay defensores, no hay justicia.
¿Qué falta?
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Obligar al Registro Civil a remitir automáticamente a la fiscalía todo caso donde una madre sea menor de 14 años.
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Revisión interinstitucional (Fiscalía – DIF – SIPINNA – Salud) de todos los nacimientos con niñas menores de edad en el acta.
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Presión social y política sobre presidentes municipales, que muchas veces protegen o encubren estos “acuerdos familiares”.
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Educación sexual integral con enfoque de derechos desde primaria.
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Refugios seguros para niñas en riesgo de matrimonio forzado, especialmente en regiones indígenas y rurales.
Conclusión
El embarazo infantil no es un fenómeno biológico, sino el resultado de violencia sexual, omisión institucional y desigualdad estructural. Cada niña madre es la prueba de que el Estado está ausente donde más se le necesita.
El caso de Izúcar no debe quedar en la estadística. Debe marcar un antes y un después en la lucha por la protección real y efectiva de las niñas mexicanas.
