Negligencia ambiental y crisis de salud pública en municipios poblanos: descargas ilegales y omisión oficial
Por Rodolfo Herrera Charolet
Una denuncia ciudadana vuelve a poner el foco en la crisis ambiental crónica que aqueja a la región metropolitana de Puebla. Municipios como San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo y Coronango han sido señalados por permitir —en complicidad o por omisión— la descarga ilegal de residuos industriales y aguas negras en sus sistemas de drenaje y cuerpos federales sin infraestructura adecuada para su tratamiento.
El señalamiento se sustenta en un patrón documentado: la mayoría de los municipios carecen de plantas de tratamiento funcionales, y cuando existen, operan con fallas técnicas o por debajo de su capacidad. De las 24 plantas que deberían operar en la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala, menos del 30% funcionan adecuadamente, según datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y un estudio de la UNAM en colaboración con el Centro Fray Julián Garcés.
La Cuenca del Alto Atoyac, que atraviesa ambos estados, es uno de los puntos más críticos. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este cuerpo de agua es el segundo más contaminado de México, con niveles alarmantes de arsénico, plomo, mercurio, cadmio y benceno, todos catalogados como cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Un estudio realizado por el Colegio de Postgraduados y la UNAM en 2021 reveló que el 70% de las muestras de agua extraídas del Atoyac y sus afluentes en Puebla presentaban niveles de toxicidad superiores a los límites permitidos por la NOM-001-SEMARNAT-1996. Estos contaminantes no sólo afectan el agua, sino también los suelos agrícolas y los alimentos cultivados con este recurso.
La consecuencia es tangible en la salud de la población. El informe “La Cuenca Atoyac-Zahuapan: Un diagnóstico de salud pública”, elaborado por el Centro Fray Julián Garcés, documenta una incidencia de leucemia infantil en zonas cercanas a ríos contaminados que es hasta 4 veces mayor que la media nacional. Además, se han detectado altos índices de insuficiencia renal crónica, cáncer de vejiga, enfermedades hepáticas y respiratorias, particularmente en Cuautlancingo, San Lorenzo Almecatla, San Sebastián Tepalcatepec y San Pedro Zacachimalpa.
“Los niños de la región están expuestos desde que nacen a contaminantes que se bioacumulan en el cuerpo. No hay controles, ni monitoreo serio. Es un crimen ambiental tolerado por las autoridades”, señaló la doctora Luz María C. Gutiérrez, toxicóloga ambiental de la BUAP.
La falta de vigilancia es sistémica. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha observado en reiteradas ocasiones que tanto la Conagua como los gobiernos estatales y municipales han desviado recursos etiquetados para saneamiento o no han cumplido con los objetivos de remediación establecidos desde 2007, cuando la Cuenca fue declarada zona prioritaria.
A ello se suma la permisividad hacia corredores industriales como el de Huejotzingo-Cuautlancingo, donde operan más de 200 empresas de los sectores automotriz, químico y de alimentos que descargan residuos sin control riguroso, según reportes de la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) y organizaciones como Poder Latam.
Pese a las múltiples recomendaciones de la CNDH y los compromisos firmados en el Acuerdo por la Sustentabilidad Hídrica de Puebla (2017), ningún funcionario ha sido sancionado y las obras prometidas, como colectores marginales y nuevas plantas, siguen sin concluirse.
“¿Por qué no actúan? ¿Ignorancia, corrupción o simple desprecio por la vida humana?”, se pregunta Isabel Rivera, activista de Agua para Todos. La ciudadanía ha comenzado a organizarse para exigir medidas urgentes, pero los gobiernos locales, estatales y federales siguen ensimismados en discursos, sin enfrentar la magnitud de la tragedia.
.jpeg)
