“El Pochis” y su trabajador: ejecutados en tierra de nadie

“El Pochis” y su trabajador: ejecutados en tierra de nadie

Por José Herrera

Los cuerpos de Mario Rojas, alias El Pochis, y su trabajador fueron encontrados a la orilla de la carretera Tecali-Almoloya, con impactos de bala, en un terreno de cultivo, como si la ejecución fuera apenas un mensaje más en la creciente disputa entre grupos criminales por el control del robo y venta de vehículos en el centro de Puebla. Pero más allá del ajuste de cuentas, lo que revela este doble homicidio es algo más profundo: la ausencia total del Estado en una franja que ya opera bajo sus propias leyes.

Ambos hombres fueron “levantados” un día antes en Acajete, cuando un comando armado irrumpió en el domicilio de Mario y se los llevó por la fuerza en un SEAT rojo y una camioneta gris. Lo que siguió fue un silencio sepulcral. No hubo operativo, ni alerta, ni búsqueda real. Solo publicaciones desesperadas en redes sociales, con amigos y familiares intentando rastrear a los desaparecidos. 24 horas después, aparecieron ejecutados.

Narcomensajes sin firmar

Aunque la Fiscalía General del Estado no ha confirmado públicamente la línea, fuentes cercanas al caso revelan que el doble crimen estaría vinculado a una disputa entre bandas dedicadas al robo y comercialización de vehículos, actividad que, en esta región, ha alcanzado niveles de organización empresarial: talleres clandestinos, documentación falsa, redes de distribución y corrupción policial.

“El Pochis” no era un desconocido en Acajete. Se le relacionaba con el negocio de automóviles, aunque los rumores —como ocurre con frecuencia en pueblos donde la justicia es más rumor que ley— lo señalaban como intermediario en operaciones ilícitas. Pero ni eso justifica la ejecución extrajudicial, ni mucho menos la normalización del secuestro y asesinato como mecanismo de control territorial.

Tecali y Acajete: zona gris

Lo que une a Acajete y Tecali de Herrera no es solo la geografía, sino una dinámica criminal creciente que ha sido permitida por la inacción gubernamental. Mientras los alcaldes presumen festivales de cantera y ferias religiosas, la delincuencia organizada se disputa el dominio de los caminos rurales, los talleres mecánicos y los puntos de reventa de vehículos robados.

En esos espacios, el narco no se esconde: patrulla. Recluta. Cobra. Ejecuta.

Y como ya se volvió costumbre en Puebla, las autoridades municipales se mantienen al margen, cuando no son cómplices por omisión o colusión directa.

Una justicia que no llega

A pesar del hallazgo, no hay detenidos. No hay responsables señalados. No hay cámaras que hayan servido para identificar vehículos. Y no hay una estrategia regional para frenar la violencia, solo declaraciones vacías de “seguiremos investigando”.

Los muertos —como El Pochis y su trabajador— se van acumulando en los márgenes del campo poblano, sin justicia, sin verdad y sin memoria institucional.

Pero la pregunta sigue vigente: ¿cuántas ejecuciones más se necesitan para que el gobierno del estado actúe con seriedad en esta zona? ¿Cuántos cuerpos más deben aparecer en terrenos baldíos para que se entienda que Acajete y Tecali se han convertido en territorio sin ley?

Porque si algo ha quedado claro en este caso, es que en el triángulo criminal entre Cuapiaxtla, Acajete y Tecali, los únicos que ejercen control real son los grupos armados. Y el Estado, si no es parte del problema, es parte de la ausencia.