Informe Técnico sobre presuntas irregularidades en la enajenación de bienes municipales en Zinacatepec, Puebla
I. Antecedentes
Durante el proceso de entrega-recepción de la administración municipal de Zinacatepec, Puebla, correspondiente al periodo 2021–2024, se recibieron diversas denuncias ciudadanas y testimonios de servidores públicos que manifestaron inconformidad ante posibles irregularidades administrativas cometidas por el expresidente municipal Mario Roberto Huerta Gómez, quien concluyó su encargo el 14 de octubre de 2024.
Se señala la enajenación de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento, sin que exista evidencia de que los ingresos generados por dichas operaciones hayan sido registrados en la Tesorería municipal o reportados ante los órganos de fiscalización competentes.
II. Hechos observados
-
Venta irregular de bienes municipales
-
De acuerdo con las denuncias presentadas, se enajenaron los siguientes activos sin documentación pública sobre su destino ni ingreso al erario municipal:
-
1 camión de volteo
-
2 tractores
-
1 pipa de agua
-
1 vehículo tipo sprinter
-
1 retroexcavadora
-
1 patrulla
-
2 ambulancias
-
8 motocicletas
-
-
Las operaciones habrían sido realizadas en los últimos meses de la gestión 2021–2024, con el aval de regidores municipales, y sin contar con la documentación soporte de avalúos, autorizaciones del Cabildo ni informes de ingresos.
-
-
Uso indebido de atribuciones legislativas para justificar actos de posible desvío
-
El expresidente Mario Huerta se encuentra utilizando un oficio fechado el 26 de febrero de 2025, firmado por la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, presidenta de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado, donde se reconoce la facultad del Ayuntamiento para disponer de bienes municipales bajo ciertos artículos de la Ley Orgánica Municipal.
-
Este documento, dirigido al expresidente aún después de haber dejado el cargo, es utilizado como fundamento para evadir responsabilidad sobre el destino de los recursos obtenidos, pese a que no se trata de una resolución vinculante ni de una revisión técnica del proceso de enajenación.
-
-
Acciones emprendidas por la administración actual
-
El actual presidente municipal, Héctor Ernesto Montalvo de los Santos, ha interpuesto demandas formales por la posible comisión de delitos patrimoniales y abuso de funciones. Las denuncias se centran en que las ventas se realizaron de mala fe, sin aval del Cabildo y sin comprobación del ingreso correspondiente.
-
III. Posibles responsabilidades y riesgos detectados
-
Responsabilidad administrativa y patrimonial directa por parte del expresidente municipal y regidores que aprobaron las enajenaciones.
-
Omisión de ingresos públicos, contraviniendo la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Puebla.
-
Uso indebido de facultades y tráfico de influencias, en virtud de los vínculos familiares entre Mario Huerta y el diputado local Julio Miguel Huerta Gómez, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
-
Riesgo de obstrucción legislativa o influencia política en la resolución de las denuncias interpuestas.
IV. Recomendaciones preliminares
-
Auditoría forense inmediata al proceso de enajenación de bienes muebles durante los últimos seis meses de la gestión 2021–2024.
-
Revisión de ingresos no reportados en la Cuenta Pública 2024 de Zinacatepec.
-
Solicitud de intervención de la Unidad de Investigación de la ASE para determinar posibles responsabilidades administrativas graves.
-
Petición al Congreso del Estado para que se abstenga de emitir comunicaciones no vinculantes que pudieran ser utilizadas para justificar actos irregulares posteriores al cierre de funciones de un servidor público.
V. Conclusión
Las evidencias preliminares permiten establecer la probabilidad de que el expresidente Mario Roberto Huerta Gómez incurriera en actos de presunta malversación de bienes públicos, en complicidad con miembros de su Cabildo, con el posible respaldo político de actores del Congreso local. El caso requiere seguimiento urgente por parte de las instancias fiscalizadoras para garantizar el cumplimiento del marco legal y la protección del patrimonio municipal.
.jpeg)
