Justicia a golpes: el otro estado de derecho en Puebla
Por José Herrera / EPrensa
Chapulco / Tecamachalco, Puebla — Junio de 2025
Mientras los discursos oficiales hablan de gobernabilidad y seguridad, en la Puebla profunda los ciudadanos se organizan a puño limpio, a grito de justicia callejera. El pasado fin de semana, dos presuntos delincuentes estuvieron a segundos de ser ejecutados sin juicio, sin defensa, sin más pruebas que el hartazgo social y la furia contenida.
Uno fue acusado de secuestrar a una mujer. El otro, de intentar robar un automóvil. Ninguno fue entregado por voluntad: fueron arrebatados por la fuerza de la policía municipal, estatal y federal, como si se tratara de rehenes en tierra de nadie. Porque eso es lo que son muchas regiones de Puebla hoy: territorios donde la ley es un actor menor frente al miedo, el coraje y la desconfianza en las instituciones.
En Chapulco, un hombre —del que las autoridades ni siquiera han querido dar el nombre— fue señalado de haber privado de la libertad a una mujer en Cañada Morelos. La persecución cruzó varios municipios hasta terminar en un cerco comunitario que dejó en evidencia dos cosas: la organización de facto de grupos de autodefensas y la incapacidad del Estado para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza.
Fueron cerca de 60 personas las que se lanzaron tras el presunto secuestrador. No esperaron a ministerios públicos ni peritajes. Tomaron al hombre, a la supuesta víctima y desafiaron directamente a los uniformados. La Policía Estatal y la Guardia Nacional llegaron tarde, como de costumbre, cuando el linchamiento ya era un hecho latente. Tras 30 minutos de negociación, los civiles accedieron a liberar a ambos, como si se tratara de una tregua entre bandos armados y no de una operación bajo el marco legal. El detenido fue llevado a Cañada Morelos, pero hasta ahora no se ha informado de avances en la investigación. ¿Y la víctima? Otra estadística atrapada entre el morbo y la impunidad.
Horas antes, en Tecamachalco, la historia no fue muy distinta. Un sujeto de 41 años, identificado como Agustín N., fue señalado por vecinos del barrio La Villita de intentar robar un automóvil. Lo atraparon frente a una iglesia y lo golpearon con saña. La Policía Municipal lo rescató a medias: lo detuvo, sí, pero lo remitió solo por “alterar el orden público”. El juez calificador le dio 36 horas en los separos de Santiago Alseseca. Ni una sola acusación formal por intento de robo. Ni una investigación abierta. El mensaje es claro: si te agarran robando, dependes de quién te detenga primero: la gente o la policía.
En ambos casos, el Estado solo reaccionó. No previno, no protegió, no juzgó. Fue bombero, no garante. Los linchamientos frustrados de este fin de semana confirman que en Puebla se consolida un sistema de justicia paralelo, uno donde la comunidad impone sanciones inmediatas, sin esperar a un Ministerio Público que rara vez llega y cuando lo hace, solo enreda.
¿Quién gobierna en Chapulco? ¿Quién imparte justicia en Tecamachalco? ¿Las policías municipales, los autodefensas o las turbas enardecidas? El gobernador Sergio Salomón Céspedes ha presumido operativos y cifras de detenciones, pero las estadísticas no sirven de escudo cuando el pueblo ya decidió que la justicia no se delega, se toma con las manos.
Hoy fueron dos los rescatados. Mañana, tal vez, no haya negociación posible. Porque donde el Estado no llega, el castigo llega antes.
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