El feudo de los Rivera: cacicazgo, minería y despojo en la Sierra Norte
Por José Herrera
Ixtacamaxtitlán, Puebla – mayo de 2021
La Sierra Norte no vota, obedece.
En Chignahuapan, en Cuautempan, en Ixtacamaxtitlán, los hombres que mandan no son los que se eligen, sino los que se heredan. La boleta es una formalidad. El verdadero poder se firma en servilletas, se negocia en comedores cerrados, se transmite por sangre. Y en ese árbol genealógico, una familia florece con la arrogancia de quien se sabe intocable: los Rivera.
Enrique Rivera Reyes, candidato del PRIANRD a una curul local en el Congreso de Puebla en 2021, es apenas la hoja más reciente de un tronco que ha hundido sus raíces en la política, el negocio inmobiliario, el reparto de plazas y ahora, en la tierra misma: la minería.
Porque Enrique no sólo aspira a legislar. Aspira a proteger lo suyo. Y lo suyo es también lo que no le pertenece: el oro y la plata bajo los cerros de Ixtacamaxtitlán. Las concesiones canadienses. El agua que ya no corre. Las asambleas que no consultan. La dignidad de un pueblo al que han hecho pasar por idiota.
Fue en 2019, en el auditorio de Santa María Zotoltepec, donde se escenificó la farsa. La SEMARNAT organizó una “reunión pública de información” para escuchar a los habitantes sobre el proyecto de mina a cielo abierto promovido por Minera Gorrión, filial de Almaden Minerals. Lo que llegó no fue el pueblo, sino los autobuses. Cientos. Llenos de acarreados. Camisetas blancas con logos brillantes. Banderitas. Aplausos pautados. Los organizadores jamás imaginaron que la propaganda pudiera tener rostro humano.
Los de Chignahuapan llegaron temprano. Los de Veracruz, un poco después. Gritaban lo que les ordenaban gritar. Aplaudían como les enseñaron. Algunos decían no saber por qué estaban ahí. “Nos dijeron que iba a haber comida”, confesó una mujer, antes de levantar la mano en señal de aprobación.
Los verdaderos vecinos de Ixtacamaxtitlán, los que sí tienen tierra en juego, miraban en silencio. La mina –dijeron entonces, como lo repiten ahora– no solo arruinaría sus cultivos. También les quitaría lo que aún queda de agua en una región con sequía endémica. Pero nadie los escuchó. O más bien, nadie quiso escuchar.
Detrás de la escenografía minera, los Rivera. Abuelos, padres, hijos. Lorenzo Rivera Castillo, patriarca, fue edil de Chignahuapan. Luego Saúl Rivera. Luego Lorenzo Rivera Sosa. Diputados, presidentes auxiliares, funcionarios federales. Se reparten el poder como si fuera pan en una misa negra. Y como en toda misa, no faltan los favores.
Las denuncias contra Enrique Rivera Reyes no han hecho mella en su candidatura. Aunque enfrenta un juicio de amparo (321/2021) contra una orden de aprehensión por presunto desvío de recursos públicos durante su gestión como alcalde de Chignahuapan (2014-2018), el blindaje político le permite caminar con la cabeza en alto, como si la corrupción fuese un título nobiliario.
Vecinos de Cuautempan y Tetela de Ocampo coinciden: los Rivera no sólo colocan funcionarios. Colocan compadres. Terratenientes. Ingenieros de confianza. Hasta sacerdotes afines. Controlan obras, permisos, y ahora pretenden controlar también las vetas metálicas de la Sierra. Porque en los pliegues del cacicazgo, el oro no reluce: corroe.
El actual presidente municipal de Ixtacamaxtitlán, Eleazar Hernández Arroyo, tampoco escapa a la telaraña. Fue colocado por el grupo Rivera, denuncian pobladores. Las plazas clave de su administración –Obras Públicas, Tesorería– fueron ocupadas por hombres de Chignahuapan, leales al clan. Como si Ixtacamaxtitlán fuera una colonia administrativa, un apéndice del cacique.
Desde ahí, desde el Palacio Municipal, se operan otras artimañas: compra de votos, entrega de calentadores solares en plena veda electoral, manipulación institucional. El Partido del Trabajo denunció que los apoyos se descargaban directamente en la alcaldía para beneficiar a Cipriano Vázquez Carmona, candidato a la presidencia municipal. Todo documentado. Todo ignorado.
Rafael Ramírez, del PT, fue claro: “El cacicazgo está vivo y tiene nombre. La lucha del pueblo no ha sido respondida por ninguna autoridad. Ni local ni federal”.
En diciembre de 2020, la SEMARNAT rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de Almaden Minerals. El documento era endeble, incapaz de explicar cómo una mina que exige cinco millones de litros de agua diarios se abastecería solo de lluvia. El plan quedó en pausa. Pero no muerto.
Minera Gorrión ya anunció que presentará una nueva propuesta. Una más “sólida”. Más “técnica”. Más “comprometida con el bienestar social”. Las mismas palabras. El mismo engaño. En el fondo, el mismo modelo de despojo.
Organizaciones como el Consejo Tiyat Tali, Fundar y el Cesder han advertido que el daño ecológico sería irreversible. Pero el poder no escucha razones cuando tiene intereses. Y los intereses en la Sierra tienen apellidos. Rivera, para empezar.
En Chignahuapan, algunos aún recuerdan cómo los Rivera comenzaron con tierras y ganado. Cómo después extendieron su influencia a Cuautempan, Aquixtla, Tetela. Cómo pusieron diputados como se pone a dedo un alcalde. Cómo ahora buscan arrancar el corazón mineral de la montaña para convertirlo en lingotes.
Enrique Rivera no es un político, dicen en voz baja. Es un síntoma. Una advertencia. Una continuidad. Su candidatura representa no sólo al PRIANRD, sino a un sistema de impunidad encarnado en apellidos heredados. Mientras él sonríe en espectaculares, los cerros tiemblan. Y el oro sigue enterrado, como un secreto sucio que tarde o temprano será escarbado.
Porque en la Sierra Norte, la democracia es una excusa. El cacicazgo, una herencia. Y la resistencia, una última semilla.
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