Cabildo de Calpan destituye sin facultades a su edil y pide al Congreso validar la remoción
Por José Herrera | Martes 27 de mayo de 2025
Remoción irregular y conflicto de poderes
San Andrés Calpan, Pue. — En un episodio que exhibe el desgaste institucional y la ausencia de controles legales efectivos en el municipio de San Andrés Calpan, el Cabildo local aprobó por unanimidad la destitución del presidente municipal Vicente Sánchez Méndez, a pesar de no contar con la facultad legal para hacerlo. En la misma sesión, se designó como edil interino a Bertín Bermeo Morales, lo que ha derivado en un conflicto político y administrativo en el que dos figuras reclaman simultáneamente la titularidad del gobierno municipal.
La decisión fue acompañada por una solicitud formal ante el Congreso del Estado, con la intención de que sea este poder el que valide, o no, la remoción. Conforme al artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal, sólo el Poder Legislativo tiene atribuciones para suspender o revocar a un alcalde en funciones, por lo que el actuar del Cabildo podría considerarse jurídicamente improcedente.
Pese a haber sido notificado, Sánchez Méndez no asistió a la sesión. Su ausencia fue interpretada por los regidores como un intento de evadir responsabilidades, particularmente frente a los señalamientos por corrupción y opacidad administrativa. Sin embargo, la viabilidad legal de su remoción dependerá de la revisión que haga el Congreso poblano sobre la legalidad del procedimiento.
Durante la misma sesión, también se destituyó a la contralora municipal, Reyna Marcos Flores, quien se negó a entregar documentación financiera bajo el argumento de que dicho proceso requería la presencia del edil y la supervisión directa del Congreso.
Los señalamientos contra Vicente Sánchez Méndez
Vicente Sánchez Méndez, electo en 2021 bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT), ha sido objeto de una serie de acusaciones durante su administración, muchas de las cuales fueron formuladas por miembros del propio Cabildo y denunciadas ante medios locales desde 2023.
Entre los principales señalamientos en su contra destacan:
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Desvío de recursos públicos en la ejecución de obra sin licitación transparente, especialmente en proyectos de infraestructura vial adjudicados a empresas ligadas a su círculo cercano.
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Retención de información pública, particularmente en lo relacionado con la nómina municipal y el ejercicio del presupuesto anual. La negativa a transparentar estos datos generó reclamos ciudadanos y solicitudes ante la Comisión de Acceso a la Información Pública.
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Uso político de recursos, mediante la entrega discrecional de apoyos sociales durante los procesos internos del PT y en eventos de carácter partidista, en los que se reportó la utilización de vehículos oficiales.
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Violencia institucional contra regidoras, quienes denunciaron haber sido excluidas de decisiones clave y de comisiones municipales. Una de ellas solicitó medidas de protección tras asegurar haber recibido amenazas por oponerse a la administración del edil.
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Presunta manipulación del órgano de control interno, lo que ha impedido auditorías independientes. La contralora destituida, Reyna Marcos Flores, fue señalada como colaboradora directa del alcalde y como obstáculo para cualquier intento de fiscalización.
Aunque Sánchez Méndez ha negado todas las acusaciones —atribuyéndolas a “intereses oscuros” y a una “campaña política” en su contra—, las tensiones al interior del Ayuntamiento han escalado de manera constante. La situación alcanzó un punto crítico cuando los regidores decidieron actuar por su cuenta para removerlo, en un acto que, si bien refleja el hartazgo institucional, también podría constituir una violación a los principios de legalidad y debido proceso.
Congreso, árbitro en medio del vacío legal
La resolución final sobre la validez de la destitución recae ahora en el Congreso del Estado. Los legisladores deberán determinar si el procedimiento realizado por el Cabildo tiene sustento legal o si se trató de un acto arbitrario sin facultades jurídicas.
Mientras tanto, Calpan permanece en un limbo institucional: con dos figuras en pugna por el poder local, un Cabildo dividido y una comunidad observando con escepticismo el curso que tomará una disputa más política que jurídica.
