$78 mil pesos en la sombra: ayudas sociales sin sustento en Aquixtla
Un nuevo capítulo en la larga historia de discrecionalidad y opacidad administrativa en los municipios serranos de Puebla ha salido a la luz. De acuerdo con el pliego de observaciones 0176-21-23/02-E-PO-01, emitido por el órgano fiscalizador, se detectó un probable daño a la Hacienda Pública por un monto de $78,865.70 pesos, correspondiente a supuestas ayudas sociales que carecen de justificación documental.
La revisión revela que la Entidad Fiscalizada —cuyo nombre se mantiene bajo reserva en el documento oficial— no acreditó los expedientes ni lineamientos mínimos que respalden dichas erogaciones, contraviniendo los principios básicos de transparencia en el uso del gasto público.
En otras palabras: no hay evidencia alguna de quién recibió los recursos, con qué criterios ni bajo qué necesidad documentada. La omisión no es menor. Se trata de fondos etiquetados para apoyar a población en situación vulnerable, y cuya asignación, en este caso, parece más cercana al clientelismo político que a la política social.
Aunque la Entidad Fiscalizada intentó solventar parcialmente la observación, el informe es contundente: se presume un daño o perjuicio —o ambos— a la Hacienda Pública. La cifra, si bien no escandalosa en comparación con otros escándalos de corrupción, es sintomática de una práctica común en los municipios rurales de Puebla, donde los recursos públicos suelen moverse en la penumbra, fuera del escrutinio ciudadano y al margen de la ley.
Este señalamiento se suma a una cadena de irregularidades detectadas en años recientes en la Sierra Norte, donde programas de “ayuda social” han servido históricamente como herramienta de control electoral y de simulación administrativa. El modus operandi suele ser el mismo: entrega de despensas, materiales o apoyos sin padrón, sin evaluación, sin reglas de operación, y en muchos casos, sin destinatarios comprobables.
La falta de castigo real en estos casos no sólo erosiona la confianza en las autoridades locales, sino que normaliza el desvío de recursos como una práctica institucional. El expediente queda ahora en manos de los órganos de control, que deberán determinar si procede una denuncia penal o la exigencia de reintegro.
Mientras tanto, $78,865.70 pesos siguen en el limbo contable, reflejo de una gestión que sigue más preocupada por repartir favores que por rendir cuentas.
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