Un diputado contra la seguridad: Elpidio Díaz pide “tolerancia” para transporte en mal estado
Por Redacción
16 de julio de 2025
En un gesto que revela la distancia entre los intereses públicos y las prácticas políticas, el diputado local Elpidio Díaz Escobar solicitó a la secretaria de Movilidad y Transporte del estado, Silvia Tanús Osorio, "flexibilizar" los criterios de la Revista Vehicular, un instrumento que, por definición, busca garantizar la seguridad mecánica de las unidades que operan en el sistema de transporte público.
El argumento del legislador no deja de ser paradójico: debido a que más del 50 por ciento de los vehículos revisados no aprueban las condiciones técnicas mínimas —por hallarse en mal estado—, lo más sensato, según Díaz Escobar, sería suavizar los requisitos. “Necesitamos que haya más tolerancia”, declaró, en una entrevista que ha encendido la alarma entre especialistas en movilidad y usuarios del transporte colectivo.
Lo que no explicó el diputado de Fuerza por México es cómo una mayor permisividad en los controles técnicos podría mejorar el pésimo servicio que actualmente padecen los usuarios. Por el contrario, la propuesta parece más bien una concesión política hacia grupos de transportistas que operan con unidades deterioradas y que, bajo el manto de la representación popular, buscan evadir la renovación o mantenimiento de sus vehículos.
Seguridad en segundo plano
La Revista Vehicular no es un capricho burocrático. Se trata de un mecanismo legal y técnico que tiene como objetivo asegurar que las unidades de transporte cumplan con condiciones mínimas de seguridad física, mecánica y ambiental. En un estado donde los accidentes vinculados al transporte público han cobrado vidas humanas, esta evaluación se vuelve una herramienta esencial.
Pero para el diputado Díaz, cuya trayectoria ha estado marcada por vínculos con grupos de concesionarios del transporte, los criterios deben ceder ante la “realidad” del sector. “Estaría bien que revocaran las concesiones, pero muchos se van a quedar sin trabajo”, justificó.
El argumento es engañosamente empático: apela al empleo para justificar una omisión. Pero en el fondo, plantea un dilema falso entre empleo y seguridad, cuando lo que se requiere es una política pública que priorice ambos e impida que los usuarios viajen en vehículos inseguros, desvencijados o convertidos en trampas móviles.
Una práctica recurrente
Este tipo de presiones institucionalizadas no son nuevas. Legisladores, alcaldes y líderes sindicales han sido históricamente intermediarios entre el gobierno estatal y los concesionarios, bloqueando reformas, evitando inspecciones o negociando “periodos de gracia” que, en la práctica, perpetúan el deterioro del sistema.
En este contexto, las palabras del diputado Elpidio Díaz no son solo desafortunadas: son sintomáticas. Reflejan una cultura política que prefiere adaptarse al rezago antes que corregirlo. Una política de tolerancia, sí, pero al riesgo, al deterioro, a la simulación.
¿Relajar la norma o cambiar las reglas?
La secretaria Silvia Tanús no ha respondido públicamente a la solicitud. Pero el dilema ya está sobre la mesa: ¿flexibilizar los requisitos para que el 50% de las unidades en mal estado puedan circular… o hacer cumplir la norma, con todo el costo político que eso implique?
Mientras tanto, quienes viajan en esas unidades seguirán cargando, literalmente, con el peso de decisiones que privilegian la comodidad política sobre el bienestar público. Y como tantas veces en México, la lógica se invierte: el castigo no es para quien incumple, sino para quien se atreve a exigir que se cumpla.
