Bodegas ilegales, memoria selectiva y explosivos bajo la alfombra
Por José Herrera
El regidor Leobardo Rodríguez finalmente confirmó lo que ya era un secreto a voces: las 26 bodegas ilegales construidas sobre ductos de Pemex en la Central de Abasto sí se levantaron durante la administración de Claudia Rivera Vivanco (2018–2021). Tras años de evasivas, deslindes y juegos de espejos, la verdad comienza a escurrirse entre los muros de concreto y los ductos que podrían estallar en cualquier momento.
“Habrá que investigar”, dijo el regidor, con ese tono burocrático que parece más un conjuro para calmar las aguas que una intención real de buscar responsables. Pero las pruebas son contundentes. No es especulación: existe una Orden de Visita No. 2526, fechada el 13 de septiembre de 2021, en la que inspectores municipales —durante la recta final del gobierno de Claudia— constataron que la obra tenía un avance del 15% y carecía de todo permiso legal: ni licencias de construcción, ni uso de suelo, ni impacto ambiental. Nada.
A pesar de ello, lejos de frenarla con firmeza, la administración morenista procedió a clausurarla solo para permitir a los desarrolladores ampararse y concluir las obras. Una jugada hábil y perfectamente calculada para simular legalidad y lavarse las manos justo antes de entregar el gobierno a Eduardo Rivera Pérez.
Ahora Claudia intenta deslindarse, como si los sellos de clausura hubieran aparecido por generación espontánea y como si la Dirección de Desarrollo Urbano no hubiera tenido ojos ni dientes. Pero los documentos oficiales —que reposan en los archivos del Ayuntamiento y hoy en manos del medio Diario CAMBIO— desmienten su versión. Las autoridades de su administración estaban perfectamente enteradas de las obras ilegales.
Y no es poca cosa: las bodegas se construyeron sobre zonas federales por donde pasan ductos de Pemex. Hablamos de una potencial zona de desastre que todos los días recibe miles de comerciantes y clientes. Es decir, una bomba de tiempo enterrada bajo toneladas de negligencia y complicidades.
El cinismo no es exclusivo de la exalcaldesa. Las omisiones de su sucesor, Eduardo Rivera, también pesan. Tuvo tiempo suficiente para desmontar el peligro y, en cambio, guardó silencio. Y hoy los regidores de uno y otro bando se culpan entre sí mientras las bodegas siguen ahí, erguidas sobre explosivos, convertidas en testimonio de la corrupción institucional que atraviesa de lado a lado al municipio.
¿Quién otorgó los permisos de obra? ¿Quién autorizó la urbanización en suelo federal? ¿Qué funcionarios firmaron, sellaron, omitieron, cobraron? ¿Y por qué Pemex —que ahora debe determinar si hay riesgo real sobre los ductos— no actuó antes?
La “investigación” que ahora pide Leobardo debe ir más allá de las declaraciones protocolarias. Si la autoridad federal o estatal no entra a fondo, lo que sigue será la repetición de la historia: una tragedia anunciada, un incendio, una explosión o un derrumbe que terminará cobrándole la vida a quien menos lo merece.
Las bodegas ilegales no son el único problema. Son el síntoma de algo más grave: la impunidad compartida entre partidos, constructoras y funcionarios, donde la obra pública se vuelve botín y el interés público una molestia.
Que nadie se diga sorprendido si un día de estos la Central de Abasto amanece envuelta en llamas. La corrupción, como el gas, es inodora… hasta que explota.
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