Secretaría de Movilidad investiga en sigilo denuncias por irregularidades; Gobierno refuerza medidas anticorrupción
Puebla. La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) del Gobierno del Estado ha iniciado una investigación interna en total secrecía para esclarecer los señalamientos sobre presuntas irregularidades cometidas por concesionarios y funcionarios, relacionadas con la operación de unidades del transporte público sin concesión.
En apego a las disposiciones legales y en atención a una denuncia ciudadana difundida por medios de comunicación, la dependencia ha comenzado una revisión administrativa integral, con el objetivo de deslindar responsabilidades y garantizar el cumplimiento del marco normativo en materia de transporte público.
De acuerdo con fuentes oficiales, la SMT ha tomado medidas internas que incluyen rotaciones de personal operativo, revisiones documentales y evaluación del padrón de concesionarios en rutas señaladas.
“Estamos actuando con responsabilidad, sin generar juicios anticipados ni revictimización institucional. Nuestra prioridad es garantizar un transporte seguro, ordenado y dentro de la legalidad”, indicó un funcionario de la dependencia bajo condición de anonimato, debido al carácter reservado del proceso.
El gobernador Alejandro Armenta Mier, al ser consultado sobre el tema durante su conferencia matutina, agradeció la denuncia periodística que reveló posibles omisiones y enfatizó que su administración no permitirá actos de corrupción.
“He solicitado a la Secretaría Anticorrupción y al coordinador de gabinete que colaboren con la SMT en las indagatorias. No vamos a tolerar irregularidades, ni complicidad”, declaró Armenta.
Asimismo, exhortó a los concesionarios a mantener canales de diálogo abiertos con la autoridad, y a evitar cualquier tipo de práctica irregular que ponga en riesgo la prestación del servicio y la seguridad de los usuarios.
Reordenamiento en marcha
La Secretaría de Movilidad ha confirmado que no se han otorgado nuevas concesiones en las rutas señaladas, y que se han intensificado los operativos de inspección para detectar vehículos sin la documentación correspondiente.
Además, como parte del proceso de reingeniería institucional impulsado por el Gobierno del Estado, se trabaja en un nuevo modelo de fiscalización, en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que permita cerrar los espacios de discrecionalidad y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
“Estamos comprometidos con la transparencia, pero también con el debido proceso. No caeremos en linchamientos mediáticos ni en filtraciones irresponsables que comprometan la seriedad de las investigaciones”, subrayó una fuente interna.
Este proceso forma parte de un plan integral de mejora regulatoria, que busca asegurar que todas las unidades del transporte colectivo operen bajo estrictas condiciones de legalidad, eficiencia y seguridad, como ha sido instruido por el Ejecutivo estatal.
.jpeg)
