Ejidatarios de Tlahuapan, defraudados por su propia comisaría: desvían 170 millones de la indemnización por la autopista
Santa Rita Tlahuapan.— A más de seis años de haber sido expropiadas sus tierras para la construcción de la autopista México-Puebla, ejidatarios de este municipio siguen esperando una indemnización que ya fue pagada… pero jamás recibida. El motivo: un desfalco millonario cometido desde dentro, por quienes debían defender sus intereses.
Este miércoles, un grupo de afectados se manifestó en la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan, donde se llevaría a cabo una audiencia judicial contra Carlos N, Juan N y Guadalupe N, ex integrantes del comisariado ejidal de Santa Rita Tlahuapan. Se les acusa de haber desviado 176 millones de pesos destinados a los propietarios de los terrenos por donde hoy circulan miles de vehículos diariamente.
La historia del despojo no es nueva, pero continúa impune. El 27 de septiembre de 2018, la Secretaría de Infraestructura entregó un cheque por 176 millones 231 mil 515 pesos al comisariado ejidal como compensación por la afectación de parcelas comunales durante la ampliación de la autopista. Sin embargo, según documentó la Fiscalía General del Estado, el dinero fue transferido a cuentas privadas y nunca llegó a los legítimos dueños de la tierra.
“Se trató de un abuso de confianza agravado”, declaró en su momento la fiscal Elva Rocha Patiño. La investigación reveló que los recursos fueron sustraídos por Carlos N, entonces comisariado; Juan N, tesorero, y María Guadalupe N, secretaria, quienes presuntamente usaron los fondos para fines personales, dejando las arcas ejidales en ceros.
Pese a estar vinculados a proceso desde agosto de 2024, el caso ha avanzado con lentitud. Mientras tanto, 14 ejidatarios aún esperan la indemnización, sin que las autoridades estatales o federales hayan ofrecido un mecanismo de reparación del daño.
Algunos beneficiarios con pequeñas extensiones recibieron pagos parciales. Otros, los de mayores terrenos, no vieron ni un peso, según denunciaron durante la manifestación de este miércoles.
“El gobierno nos pagó, sí, pero los que estaban en la comisaría se lo robaron todo. Usaron nuestro dinero y todavía andan libres”, reclamó uno de los manifestantes.
La protesta, aunque pacífica, volvió a poner en la agenda un caso que resume el abandono institucional: una obra de infraestructura federal ejecutada sin transparencia en la compensación, una comisaría ejidal corrompida y un sistema judicial que no ha resuelto nada.
Hasta la fecha, el destino final de los 176 millones de pesos sigue sin esclarecerse, mientras los legítimos propietarios de la tierra continúan esperando justicia… y pago.
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