Robo de siete millones y 15 disparos: la ejecución en Ciudad Judicial que dejó más preguntas que respuestas
Por José Herrera | Revista Proceso | 28 de mayo de 2025
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE.— El cuerpo de Jesús B.R. quedó tendido junto a una camioneta negra, en las inmediaciones de Ciudad Judicial, con al menos 15 impactos de bala. Fue ejecutado a plena luz del día, en una zona vigilada, frente a dos presuntos compañeros que, en lugar de brindar apoyo, alteraron la escena. Jesús no era funcionario público, como se pensó en un inicio. Tampoco era un civil cualquiera. Según documentos oficiales, trabajaba para la empresa de seguridad privada Centimex, aunque versiones encontradas apuntan a otras dos compañías: LUX y SEGURITEC.
El crimen, brutal y meticulosamente ejecutado, ha dejado una estela de incertidumbre que la Fiscalía General del Estado (FGE) intenta esclarecer. Según información confirmada a este medio, Jesús transportaba siete millones de pesos en efectivo al momento del ataque. Nadie ha dicho, sin embargo, a quién pertenecía ese dinero.
La ruta del dinero y el silencio corporativo
De acuerdo con fuentes ministeriales, la versión más consistente hasta ahora es que el efectivo pertenecía a Centimex, la empresa para la cual Jesús prestaba sus servicios como escolta. Pero hay múltiples versiones: otras fuentes, entre ellas sus colegas, afirman que ese dinero estaba destinado a un empresario local al que brindaban protección privada. En ese marco de contradicciones, los supuestos compañeros de Jesús —Jonathan H. y Carlos Abraham T.— fueron detenidos, no por el asesinato, sino por haber manipulado la escena. Ambos fueron identificados como exagentes de la Policía Estatal, ahora fuera de servicio, pero con armas activas y cargadores a su disposición.
En el lugar se aseguraron dos pistolas calibre 9 mm y ocho cargadores, pero no el efectivo. Tampoco se han hecho públicos registros de cámaras de vigilancia o testimonios directos del momento de la agresión. La Fiscalía ha sido hermética.
Entre el crimen organizado y el encubrimiento interno
El asesinato de Jesús ha provocado más interrogantes que certezas. ¿Por qué un guardia transportaba tal cantidad de dinero en efectivo sin la protección logística adecuada? ¿Por qué sus acompañantes, con experiencia en seguridad pública, no repelieron el ataque? ¿Por qué no hay registros inmediatos del movimiento de esos siete millones de pesos? ¿Y quién autorizó el operativo de traslado?
Lo que se sabe hasta ahora es que no se trató de un crimen común. La saña con la que fue ejecutado Jesús, los protocolos alterados, y la cantidad sustraída en efectivo apuntan a un crimen con grado de planeación, conocimiento interno y posible complicidad.
La ejecución en Ciudad Judicial recuerda otras operaciones propias del crimen organizado: información privilegiada, violencia extrema y un objetivo claro. Pero en este caso, la delgada línea entre lo legal y lo ilegal parece cruzarse dentro de los mismos cuerpos de seguridad privada y pública.
Un sector en la sombra
El caso también ha puesto en entredicho la opacidad con la que operan muchas empresas de seguridad privada en Puebla. De acuerdo con registros obtenidos por Proceso, Centimex ha sido señalada anteriormente por contratar personal con vínculos militares y policiales, sin establecer controles rigurosos de operación. En el caso de LUX y SEGURITEC, las menciones son más vagas, pero recurrentes entre los círculos de seguridad del estado.
El asesinato de Jesús B.R. —cuya vida hasta ahora no ha sido detalladamente documentada por ninguna fuente oficial— se suma a una lista creciente de muertes violentas con vínculos a la seguridad privada, un sector en expansión que, pese a su crecimiento, permanece en la penumbra de la legalidad.
Una escena alterada, una verdad aún enterrada
En una fotografía obtenida por este medio, puede verse el cadáver de Jesús a pocos metros de una camioneta con los cristales rotos. La sangre seca dibuja líneas que cruzan la carpeta asfáltica como si quisieran narrar lo que no se ha dicho. Los testigos —o cómplices— del crimen ya están detenidos, pero su silencio ha sido más elocuente que sus primeras declaraciones.
La FGE mantiene abiertas varias líneas de investigación: ejecución por encargo, robo con violencia, ajuste de cuentas. Pero ninguna ha sido confirmada. Mientras tanto, los siete millones en efectivo han desaparecido, y con ellos, una verdad que podría incomodar tanto a quienes operan desde las sombras como a quienes, desde la ley, se supone que deben enfrentarlas.
28 de mayo de 2025
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