La transparencia en vilo: Puebla extingue al ITAI y concentra funciones en la Secretaría Anticorrupción
Por Rodolfo Herrera Charolet
En un movimiento que ha despertado tanto expectativas como preocupaciones, el gobierno del estado de Puebla ha anunciado la extinción del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ITAI), cuyas funciones serán absorbidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAG), una dependencia del Ejecutivo estatal.
El cambio, presentado como parte de una estrategia para “fortalecer el sistema anticorrupción”, en realidad representa un viraje institucional que centraliza el control de la información pública, diluye la autonomía del órgano garante y plantea preguntas sobre la verdadera voluntad política de transparentar la gestión gubernamental.
¿Una reforma para avanzar o retroceder?
La desaparición del ITAI –un organismo autónomo con atribuciones constitucionales– ocurre bajo el argumento de eficientar el combate a la corrupción, mejorar la coordinación y garantizar el acceso a la información. Sin embargo, expertos en derecho administrativo y defensores de la transparencia advierten que el traslado de estas funciones a una dependencia subordinada al Ejecutivo vulnera el principio de autonomía indispensable para fiscalizar al propio gobierno.
El nuevo órgano que sustituirá al ITAI, denominado “Transparencia para el Pueblo”, operará como un ente administrativo desconcentrado. Pese al nombre populista, su integración, estructura y mecanismos de rendición de cuentas aún no han sido del todo definidos, lo que genera incertidumbre sobre su capacidad real para ejercer contrapesos.
Centralización y riesgo de opacidad
Con esta reestructuración, la SAG no solo será responsable de verificar las unidades de transparencia y comités internos de las dependencias estatales, sino también de coordinar a todos los “sujetos obligados” en materia de acceso a la información. Es decir, la supervisión de la transparencia quedará bajo el mismo techo del aparato que debe ser fiscalizado.
El discurso oficial apunta a una “gestión pública más eficiente y transparente”. Pero los hechos evidencian una peligrosa tendencia: el debilitamiento institucional del sistema de transparencia a cambio de un modelo concentrador, alineado con reformas similares impulsadas en otros estados donde la vigilancia ciudadana se vuelve dependiente de la voluntad política del gobernante en turno.
¿Hacia un Estado más opaco?
Este cambio en Puebla se suma a una tendencia nacional preocupante. En distintas entidades, el andamiaje de transparencia ha sido reformado o recortado con el pretexto de la austeridad o la eficiencia, cuando en realidad responde a estrategias de control de información en contextos de creciente desconfianza ciudadana y escándalos de corrupción.
La transparencia no puede ni debe ser administrada por quienes deben ser vigilados. El ITAI, con sus aciertos y fallas, representaba un contrapeso institucional que ahora se diluye bajo la lógica de la centralización. La pregunta no es si el nuevo esquema funcionará, sino si podrá actuar con independencia y rigor cuando el objeto de su supervisión sea el propio Ejecutivo.
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