Carlos Loranca regresa al Poder Judicial tras fallo de la SCJN que revocó su destitución
PUEBLA, Pue.— Tras más de tres años de haber sido separado de su cargo y casi una década marcada por señalamientos y procesos administrativos, el magistrado Carlos Loranca Muñoz fue reincorporado a la función jurisdiccional por decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con sede en San Andrés Cholula, Puebla.
El regreso de Loranca Muñoz fue formalizado en sesión ordinaria del Pleno del CJF el pasado 12 de marzo, y se hizo efectivo al día siguiente, ocupando la vacante dejada por el magistrado Rubén Paulo Ruiz Pérez, quien se jubiló en noviembre de 2024. El magistrado retomará sus actividades en el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región.
La decisión ocurre tras la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diciembre de 2024, en la que se determinó que el CJF aplicó una normatividad incorrecta al sancionar a Loranca. En específico, la Corte consideró improcedente la utilización de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 1982, cuando ya se encontraba vigente la Ley General de Responsabilidades Administrativas de 2017, lo cual viciaba de origen el procedimiento sancionador.
Carlos Loranca fue destituido e inhabilitado por 15 años en 2021, tras una investigación por presuntas omisiones en sus declaraciones patrimoniales entre 2014 y 2016, al no reportar ingresos por un monto cercano a seis millones de pesos. No obstante, su abogado defensor, Ernesto Ramírez López, logró revertir la sanción al considerar que el procedimiento no se apegó al marco legal aplicable.
El nombre de Loranca no ha estado exento de polémica. En 2015, su figura se vio envuelta en señalamientos de conflicto de interés y presuntos vínculos con el empresario gasolinero Othón Muñoz Bravo, alias “El Cachetes”, investigado por la entonces PGR y señalado por el Gobierno Federal como supuesto operador del huachicoleo en Puebla.
Según investigaciones periodísticas, ambos habrían constituido la empresa Energéticos Muñoz para instalar una gasolinera en el municipio de Acajete, proyecto que fue impedido por las autoridades municipales tras no contar con los permisos correspondientes.
Pese a estos antecedentes, el magistrado ha insistido públicamente en su inocencia y ha calificado su salida del Poder Judicial como parte de una “persecución administrativa injustificada”.
Con el fallo de la SCJN y su reincorporación formal, Carlos Loranca Muñoz cierra una etapa jurídica cargada de tensiones institucionales, pero su regreso no deja de generar cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de control patrimonial y la vigilancia interna dentro del Poder Judicial.
A la fecha, ni el CJF ni la SCJN han emitido comentarios adicionales sobre posibles investigaciones pendientes o sobre el impacto institucional de la reincorporación del magistrado.
