Huejotzingo fue declarado por el ITAIPUE como un “Gobierno 100 % Transparente”, en un acto que, más que una certificación técnica, parece una operación de maquillaje institucional. El reconocimiento fue entregado al alcalde Roberto Solís Valles con bombo y platillo, pese a que múltiples denuncias ciudadanas apuntan a un contexto de opacidad en temas clave como obra pública, gasto en seguridad y acceso efectivo a la información.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE) —organismo supuestamente autónomo pero funcional a los intereses políticos en turno— emitió el distintivo luego de que el gobierno municipal acreditara el cumplimiento mecánico de los formatos obligatorios que marca la Ley de Transparencia. Es decir, una validación burocrática que privilegia la forma por encima del fondo.
Especialistas en derecho público y colectivos ciudadanos han cuestionado el valor real del reconocimiento. “No basta con subir PDFs a un portal: si no hay claridad en la ejecución presupuestal, si no se informa cómo se asignan contratos, si no hay datos abiertos ni canales accesibles de consulta ciudadana, no hay transparencia”, señala el activista Emiliano Ortega, del observatorio regional Ciudadanía en Red.
El caso de Huejotzingo ilustra una práctica común: gobiernos municipales que presumen reconocimientos oficiales mientras evaden las verdaderas exigencias de rendición de cuentas. Bajo la administración de Solís Valles —quien llegó con un discurso de ruptura frente a las viejas prácticas— han proliferado adjudicaciones directas, retrasos injustificados en la entrega de información pública y la ausencia total de cabildos abiertos. A esto se suma la nula respuesta a solicitudes de información sensibles, como los gastos en campañas de promoción personal o en el arrendamiento de patrullas.
Para el ITAIPUE, todo eso parece secundario. Desde hace años, el organismo ha sido señalado por su débil fiscalización y por convertir sus evaluaciones en un ejercicio de simulación institucional. Basta con cumplir con los “criterios de visibilidad” para recibir una medalla, sin que exista una auditoría efectiva del contenido ni mucho menos una evaluación de impacto o utilidad pública.
El reconocimiento a Huejotzingo se entrega, además, en un contexto electoral en que varios alcaldes poblanos comienzan a perfilarse para una eventual reelección o salto a otro cargo. En ese sentido, el respaldo simbólico del ITAIPUE funciona más como un salvoconducto político que como un testimonio creíble de buen gobierno.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue enfrentando trabas para acceder a información clave sobre seguridad, programas sociales y obras públicas. La supuesta “transparencia total” queda entonces como una fachada oficialista, útil para los boletines y para las redes sociales, pero vacía de contenido real.
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