Retroceso histórico en EE.UU.: Suprema Corte avala limitar ciudadanía por nacimiento
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Washington, D.C. — En una decisión que marcará un antes y un después en la historia constitucional de Estados Unidos, la Suprema Corte avaló, con una votación dividida de 6 contra 3, la limitación de la ciudadanía por derecho de nacimiento. El fallo —redactado por la jueza Amy Coney Barrett— respalda la política del presidente Donald Trump y su segundo mandato de ofensiva abierta contra los derechos de migrantes y minorías.
El fallo contradice directamente el espíritu de la 14ª Enmienda, adoptada tras la Guerra Civil para otorgar ciudadanía plena a los afroamericanos nacidos en suelo estadounidense. Hoy, más de 150 mil recién nacidos —hijos de personas sin ciudadanía ni residencia permanente— podrían ser excluidos del derecho que por más de 150 años se consideró inalienable: ser ciudadano por nacer en el país.
La Corte justificó que la enmienda "no aplica" para ciertos grupos de inmigrantes legales, incluyendo estudiantes internacionales y trabajadores temporales, abriendo un vacío legal peligroso. Críticos del fallo lo consideran un giro ideológico que erosiona las bases del jus soli, el principio jurídico que define a Estados Unidos como una nación de inmigrantes.
Organizaciones de derechos civiles han señalado que la resolución beneficia directamente las órdenes ejecutivas de Trump, muchas de las cuales habían sido bloqueadas previamente por tribunales federales en estados como Washington, Massachusetts y Maryland, precisamente por considerarse violatorias de derechos humanos y discriminatorias.
Este nuevo fallo, sin embargo, limita el poder de dichas cortes federales "inferiores", reforzando una visión centralista del poder presidencial en materia migratoria. Así lo expresó John Sauer, procurador general de EE.UU., quien defendió que no deben restringirse las órdenes ejecutivas, sino el poder de los jueces locales para cuestionarlas.
Grupos defensores de migrantes, abogados constitucionalistas y legisladores demócratas han advertido que esto podría sentar un precedente nefasto no solo para la comunidad migrante, sino para toda la arquitectura constitucional estadounidense.
El nuevo régimen entrará en vigor 30 días después del fallo, afectando directamente a los bebés nacidos de padres sin estatus migratorio legal. Para muchos, el fallo no es sólo una sentencia legal: es un acto de exclusión sistemática, disfrazado de argumento jurídico, que resucita los peores fantasmas del nacionalismo racial en una nación construida por migrantes.
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