Tlatlauquitepec en la oscuridad: CFE exhibe millonarios adeudos por alumbrado público y exige cuentas a Porfirio Loeza Aguilar.
30 de abril de 2025
José Herrera
/ eprensa
Porfirio
Loeza Aguilar ha sido una figura política destacada en Tlatlauquitepec, Puebla,
ocupando la presidencia municipal en múltiples ocasiones. Su trayectoria ha
estado marcada por diversas controversias y señalamientos.
En 2011, el
Congreso del Estado de Puebla aprobó un decreto para la revocación de su
mandato como presidente municipal, bajo el procedimiento administrativo
CIOFS/01/2011.
Durante su
gestión, se han documentado diversas irregularidades. Por ejemplo, en 2025, se
reveló que una propiedad pública, conocida como "Casa Olvera", fue
donada a una asociación civil representada por su hija, Samara Loeza Meza. La
actual administración recuperó el inmueble, devolviéndolo al uso público.
En su
gestión como alcalde, nuevamente, para el periodo 2021-2024
A pesar de
los discursos oficiales sobre transparencia y compromiso con el bienestar
ciudadano, la realidad administrativa en algunos municipios de Puebla parece ir
por caminos oscuros —literalmente. Documentos oficiales obtenidos por este
medio revelan que un ayuntamiento de Tlatlauquitepec, Puebla, arrastra adeudos
acumulados por más de medio millón de pesos ante la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) por concepto de consumo de energía eléctrica destinada al
alumbrado público.
Los oficios
emitidos por la CFE —identificados con claves como SSB/OTE-TZ-05-02.0957/2023,
SSB/OTE-TZ-05-02.0024/2024 y hasta el más reciente SSB/OTE-TZ-05-02.0892/2024—
detallan una deuda creciente que, lejos de disminuir, se ha diversificado mes
con mes. Solo entre enero y abril de 2024, el adeudo se disparó con montos que
van desde los \$292.00 pesos —una cantidad simbólica que refleja errores de
registro o acumulaciones puntuales— hasta los \$102,319.00 pesos, en una
constante escalada de incumplimientos.
En total,
el pasivo documentado asciende a más de 535 mil pesos, repartidos en nueve
oficios distintos que la Comisión ha enviado para notificar, advertir y
requerir el cumplimiento de pagos por el servicio eléctrico indispensable para
mantener la seguridad, movilidad y habitabilidad en calles y espacios públicos.
Más grave
aún es que el Órgano Interno de Control, instancia encargada de supervisar la
correcta aplicación de recursos y garantizar la rendición de cuentas, ha sido
señalado por omitir acciones de seguimiento, fiscalización y vigilancia en el
cumplimiento de estas obligaciones básicas. El señalamiento se formaliza
mediante la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria
0121-23-20/01-CI-PRAS-01, en la que se exige investigar a los funcionarios
responsables por estas omisiones.
El
documento, sustentado en más de una decena de artículos constitucionales, de
leyes estatales y normativas municipales, señala que los responsables no solo
ignoraron los oficios de la CFE, sino que también desatendieron las
recomendaciones plasmadas en la Cédula de Resultados Finales y Observaciones
Preliminares 2023. En términos claros: ni pagaron ni respondieron.
La Ley de
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla es tajante:
las omisiones reiteradas en el cumplimiento de pagos por servicios públicos
constituyen faltas administrativas graves, especialmente cuando impactan
directamente en la calidad de vida de la población. El artículo 54 de dicha ley
establece, en sus fracciones I y IV, que deben iniciarse procedimientos
administrativos en contra de los servidores públicos que incurran en tales
faltas.
A ello se
suma el desdén por principios básicos de gestión pública, como el uso racional
y responsable de los recursos, establecidos en el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y retomados por las leyes
estatales en materia de seguridad pública, contabilidad gubernamental y
responsabilidades administrativas.
Lo que está
en juego no es solo una serie de recibos vencidos o trámites burocráticos
desatendidos. Lo que está en juego es la confianza ciudadana en sus
autoridades, el funcionamiento de los servicios públicos más básicos y, en
última instancia, el cumplimiento del estado de derecho en municipios donde la
opacidad, la negligencia y la impunidad han encendido focos rojos —aunque,
irónicamente, no las luminarias.
