Exedil de Coronango no comprobó 9 de cada 10 pesos que gastó en 2023
Irregularidades por más de 80 millones de pesos marcan la gestión del panista Gerardo Sánchez Aguilar; la ASE advierte presunto daño patrimonial y opacidad sistemática
Coronango, Pue. | 1 de mayo de 2025
El municipio de Coronango, enclavado en la zona conurbada de Puebla, carga con una pesada herencia administrativa: el 89.2% del gasto público ejercido en 2023 durante el gobierno del panista Gerardo Sánchez Aguilar está bajo sospecha. Así lo establece la Auditoría Superior del Estado (ASE) en su revisión a la cuenta pública municipal, en la que detectó presunto daño patrimonial por 80.4 millones de pesos, de un total auditado de 90.1 millones.
La magnitud de las observaciones apunta no solo a fallas administrativas, sino a un patrón de opacidad, discrecionalidad y posibles actos de corrupción. En un contexto donde la rendición de cuentas es una exigencia creciente a nivel nacional, el caso de Coronango se convierte en ejemplo de cómo los controles institucionales pueden ser burlados bajo gobiernos locales con escasa vigilancia ciudadana y débiles mecanismos de fiscalización interna.
Compras sin soporte y contratos dudosos
Uno de los focos más graves recae en una partida de 8.9 millones de pesos etiquetados para vehículos y transporte, de los cuales 3.8 millones fueron destinados supuestamente a programas públicos y otros 5 millones al traslado de personal administrativo. No obstante, el Ayuntamiento no presentó documentación comprobatoria de los pagos, ni integró estos bienes en su inventario oficial.
Peor aún, los contratos entregados a la ASE para justificar las adquisiciones contienen inconsistencias graves: cada documento está firmado por un representante legal distinto, sin que se acredite su vínculo formal con las empresas proveedoras. Ninguno cumple cabalmente con los requisitos legales, lo que abre la puerta a la hipótesis de empresas fantasma o de papel, utilizadas para simular servicios.
Descuentos irregulares: beneficios fuera de la ley
Otra de las anomalías significativas detectadas corresponde a 7.3 millones de pesos otorgados en descuentos fiscales, particularmente en el pago del predial y del servicio de agua potable. Si bien estos beneficios están contemplados en la normativa municipal para pensionados, adultos mayores, personas con discapacidad o en situación vulnerable, la ASE concluyó que no se acreditó que los contribuyentes beneficiados cumplieran estos criterios.
Incluso, según consta en el informe, hubo casos en que se aplicaron reducciones a contribuyentes sin derecho alguno a obtenerlas, lo que podría indicar desde negligencia administrativa hasta uso político del padrón fiscal.
Combustibles, reparaciones… y ninguna evidencia
Los gastos en combustible y mantenimiento vehicular representan otro punto oscuro de la gestión. En total, 7.2 millones de pesos se destinaron a combustibles sin que se anexaran bitácoras de consumo, ni se identificara a los operadores responsables. La falta de registros de kilometraje, tipo de unidad o rutas utilizadas hace prácticamente imposible verificar el uso de estos recursos.
Por otra parte, 5.8 millones fueron utilizados supuestamente en reparaciones y mantenimiento de vehículos, sin que se hayan entregado fotografías, órdenes de servicio, facturas detalladas o evidencia de trabajos realizados. Todo esto contribuyó a que la ASE emitiera 50 pliegos de observaciones, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, así como 14 recomendaciones correctivas.
Un gobierno bajo la lupa
Gerardo Sánchez Aguilar, exedil de filiación panista, concluyó su gestión entre acusaciones públicas por nepotismo, omisiones y manejo discrecional del presupuesto. Sin embargo, hasta el momento, no enfrenta ninguna sanción legal ni inhabilitación, pese a los hallazgos de la auditoría. La contraloría municipal, bajo su administración, tampoco emitió alertas ni denuncias internas, lo que revela un posible pacto de impunidad institucionalizada.
Organizaciones civiles locales han comenzado a solicitar la intervención del Congreso del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción para que se inicie una investigación penal por posible uso indebido de recursos públicos. La pregunta que flota es: ¿cuántos otros municipios repiten este esquema de saqueo sistemático sin consecuencias reales?
